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Cuando el Puerto de Altura de Progreso pase a la administración del Gobierno de Yucatán, se prevé que genere ingresos de 10 mil millones de pesos

Cuando este viernes, el Congreso del Estado apruebe las reformas legales pertinentes, el puerto de altura de Progreso dejará de funcionar bajo el esquema de administración portuaria integral (API) y adquirirá otra denominación, bajo la rectoría del Estado de Yucatán.

Además, continuará bajo vigilancia de la Secretaría de Marina (Semar) y la rectoría de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), pues deberá seguir las directrices y requerimientos comerciales, industriales, turísticos y pesqueros de la Federación.

Al pasar la administración del puerto a manos del Estado, bajo una nueva figura jurídica, la modernización y ampliación del calado permitirán una movilidad mucho mayor que generaría ingresos por 10 mil millones de pesos en un escenario conservador. Esto, a partir de los recursos que destina el Ejecutivo estatal por 3 mil 63 millones de pesos, que ahora “se resguardan” en un fideicomiso.

Especialistas consultados señalan que hay similitudes entre la futura Operadora Energética y Marítima de Yucatán (OEMY) y una API, por ejemplo, ambas son entidades públicas dedicadas a la operación y desarrollo de los puertos marítimos y buscan promover la competitividad y la seguridad de las instalaciones, así como la atracción de inversiones y la generación de empleos.

Ambas se rigen por la Ley de Puertos y su Reglamento, así como por las disposiciones de la SICT y Semar. Las dos cuentan con un consejo de administración, un director general y un órgano interno de control, entre otros entes de Gobierno y administración. Además, están sujetas a la fiscalización y rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Respecto a la OEMY, sería una empresa de participación estatal mayoritaria que se encargará de la operación del proyecto de ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso. Su objetivo es brindar mayor competitividad y desarrollo turístico y comercial a Yucatán, mediante la atracción de inversiones privadas y la generación de empleos.

Pero OEMY y API también tienen diferencias: la primera es una empresa de participación estatal mayoritaria, mientras que la segunda es un organismo público descentralizado. La primera se enfocará en el proyecto de ampliación y modernización del Puerto de Altura, mientras que la segunda abarca todos los puertos marítimos federales del país.

Asimismo, la OEMY buscará impulsar la inversión privada y la generación de empleos en el sector portuario, mientras que las API prestan servicios portuarios y coordinan las actividades de los prestadores.

No hay que olvidar que se planea crear OEMY ante una iniciativa del Gobierno del Estado de Yucatán, mientras que las API se establecieron por decreto presidencial y operan en todo el país. La OEMY tendría como accionista mayoritario al Gobierno del Estado. La diferencia en este aspecto es que la API es propiedad exclusiva del Gobierno federal.

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NM,

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