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Escrito por Daniel Santiago
Habitantes de Ixil presentaron una denuncia comunitaria ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra el proyecto inmobiliario Cedrón, debido a que está deforestando un área de selva bien conservada, ubicada a dos kilómetros del municipio y que, tarde o temprano, afectará una de las actividades económicas de la comunidad: la agricultura.
Karla Flores Arazola explicó que el cultivo agrícola depende del monte para que haya buenas condiciones para la siembra; se quejó, además, de que la deforestación dejará a la comunidad más vulnerable ante inundaciones y el cambio climático. “No vamos a permitirlo; en Ixil no queremos inmobiliarias ni granjas porcícolas o avícolas, queremos ser un pueblo libre”, comentó.
María Estrella Cocom Noriega añadió: “Yo soy la representante común en la denuncia en la Profepa; ya antes logramos que clausuraran otro megaproyecto inmobiliario llamado Aludra, de más de 700 hectáreas. Ahora queremos que clausuren Cedrón para que esa zona siga siendo selva y conservar nuestra agua limpia”.
Los ejidatarios de Kinchil se manifestaron unánimemente a favor de las familias mayas que cultivan tierras amenazadas por especuladores inmobiliarios; de hecho, en una asamblea, le ordenaron al comisariado defender el territorio ancestral del municipio.
Federico May Cuitún, hijo de un excomisario ejidal, recordó que se realizó una asamblea el domingo pasado, en el parque del pueblo, convocada por la Procuraduría Agraria (PA), a petición de 20 ejidatarios, para poner sobre la mesa que hay 4 mil hectáreas amenazadas por intereses inmobiliarios, pues colindan con la vía a Celestún, pero que son propiedad de 71 campesinos.
“Por unanimidad, los ejidatarios reconocieron a todos los posesionarios, con lo que ya tienen un reconocimiento legal que les servirá para defender las tierras si las inmobiliarias intentan despojarlos. Toda esa zona ya aparece en venta en internet, a través de diversos intermediarios inmobiliarios. Son ventas fraudulentas, están engañando a posibles compradores”, finalizó.
Finalmente, Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, resaltó, que estas dos comunidades mayas están demostrando que se puede defender la tierra y los derechos pese a la corrupción de los representantes ejidales y de la clase política.
Este nuevo conflicto, ahora en el interior del Estado, surge en medio de las constantes quejas de otras comunidades mayas, pero de Mérida, como Santa Gertrudis Copó, que han sido prácticamente invadidas por complejos inmobiliarios; recientemente, POR ESTO! ha dado cuenta de las protestas de esa comunidad y otras cercanas, además de vecinos, en contra del proyecto Aantik, en el Norte de la capital yucateca.
Según los inconformes, el complejo inmobiliario, que inicialmente se proyecta con tres torres habitacionales y de negocios, además de zona comercial, ahorcará la vialidad, pero también demandará una gran cantidad de recursos, como agua y energía, que tarde o temprano les pasarán factura.
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LV
