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Internacional

La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada por miembros de la Fiscalía de la Nación y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad

En un giro de acontecimientos que ha sacudido el escenario político peruano, el Primer Ministro Gustavo Adrianzén ha salido en defensa de la Presidenta Dina Boluarte, calificando el reciente allanamiento de su domicilio y la sede gubernamental como un acto de "violación a la dignidad" de la máxima autoridad del país. 

Este hecho se da en el marco de una investigación por unos relojes Rolex no declarados oficialmente por la mandataria, una situación que ha levantado un intenso debate nacional.

"Estamos ante un claro atentado contra la dignidad de nuestra presidencia y la representación de nuestra nación. Tales medidas son excesivas y van en contra de nuestros principios constitucionales", expresó Adrianzén en un comunicado transmitido por RPP, uno de los principales medios del país.

La controversia gira en torno a una pesquisa iniciada el 18 de marzo, que pone a la Presidenta Boluarte bajo la lupa por supuestas irregularidades patrimoniales y la omisión de ciertos bienes en sus declaraciones oficiales, generando acusaciones de enriquecimiento ilícito.

El respaldo al ejecutivo no se hizo esperar, con Adrianzén manifestando en X (anteriormente conocida como Twitter) el apoyo unánime de los ministros hacia Boluarte. 

"Nuestra solidaridad es total con la Presidenta frente a estos intentos de desestabilización política, disfrazados de acciones legales de dudosa procedencia", afirmó.

De acuerdo con el titular del gabinete, Boluarte se encontraba en su residencia oficial en el momento de los allanamientos y ha expresado su disposición a colaborar con la justicia, esperando una citación formal por parte de la fiscalía.

Sin embargo, cualquier acusación formal contra la Presidenta solo podría resultar en un juicio tras el final de su mandato, en julio de 2026, tal como lo establece la Constitución peruana

No obstante, este escándalo abre la puerta a posibles movimientos dentro del Congreso para solicitar la destitución de Boluarte, invocando la "incapacidad moral" como principal argumento.

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