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El Poder Judicial de Perú ratificó la validez de prohibición de ingreso dictada contra Evo Morales

Perú continuará aplicando la restricción de entrada al territorio nacional para el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, esto tras la decisión de un tribunal de anular un fallo previo que había aceptado un recurso de habeas corpus, el cual eliminaba la alerta migratoria contra el expresidente, según se reportó el pasado jueves.

La decisión fue tomada por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual calificó el habeas corpus presentado por un abogado en defensa de Morales como "improcedente debido a la falta de materia".

El defensor del ex mandatario considera que la situación legal y la libertad de Morales actualmente no presentan ninguna alteración y que no existe evidencia de algún intento por parte de Morales de ingresar a Perú.

La Superintendencia de Migraciones de Perú confirmó este veredicto, destacando que este respalda la autoridad del estado peruano sobre la regulación de la entrada de extranjeros a su territorio y subraya la posibilidad de que la presencia de Evo Morales en el país pudiera comprometer la seguridad interna.

Esta medida se estableció en el contexto de las protestas masivas contra el gobierno de Dina Boluarte y el establecimiento político peruano, que resultaron en numerosas víctimas mortales. 

Se argumentó que la restricción se basaba en la detección de ciudadanos bolivianos ingresando a Perú para participar en actividades políticas de carácter proselitista, lo cual podría contravenir las normas migratorias y amenazar la seguridad nacional y el orden público.

A pesar de que en noviembre un Juzgado Constitucional de Lima había aceptado parcialmente el habeas corpus a favor de Morales, ordenando la anulación de la alerta migratoria y la emisión de un nuevo mandato acorde con los principios constitucionales y democráticos, una apelación posterior por parte de las autoridades llevó a que la Segunda Sala Constitucional determinara que las acciones de la Superintendencia de Migraciones no habían sido arbitrarias. 

Esto se debió a un informe de inteligencia que describía a Morales como un riesgo para la seguridad del estado, lo que justificaba plenamente la decisión inicial de impedir su entrada a Perú, revocando así cualquier resolución anterior y declarando improcedente la demanda contra la Superintendencia de Migraciones.

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