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En un giro de acontecimientos que ha sacudido el escenario político peruano, el Primer Ministro Gustavo Adrianzén ha salido en defensa de la Presidenta Dina Boluarte, calificando el reciente allanamiento de su domicilio y la sede gubernamental como un acto de "violación a la dignidad" de la máxima autoridad del país.
Este hecho se da en el marco de una investigación por unos relojes Rolex no declarados oficialmente por la mandataria, una situación que ha levantado un intenso debate nacional.
"Estamos ante un claro atentado contra la dignidad de nuestra presidencia y la representación de nuestra nación. Tales medidas son excesivas y van en contra de nuestros principios constitucionales", expresó Adrianzén en un comunicado transmitido por RPP, uno de los principales medios del país.
Es grave el ruido político que se está haciendo, que afecta a las inversiones y a todo el país. Lo que ha sucedido en las últimas horas son acciones desproporcionadas e inconstitucionales.
— Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) March 30, 2024
La controversia gira en torno a una pesquisa iniciada el 18 de marzo, que pone a la Presidenta Boluarte bajo la lupa por supuestas irregularidades patrimoniales y la omisión de ciertos bienes en sus declaraciones oficiales, generando acusaciones de enriquecimiento ilícito.
El respaldo al ejecutivo no se hizo esperar, con Adrianzén manifestando en X (anteriormente conocida como Twitter) el apoyo unánime de los ministros hacia Boluarte.
"Nuestra solidaridad es total con la Presidenta frente a estos intentos de desestabilización política, disfrazados de acciones legales de dudosa procedencia", afirmó.
Los ministros de Estado expresamos nuestra solidaridad con la presidenta y rechazamos enérgicamente estas acciones políticas desestabilizadoras, que se encubren en cuestionables disposiciones jurisdiccionales y reafirman la politización de la justicia.
— Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) March 30, 2024
De acuerdo con el titular del gabinete, Boluarte se encontraba en su residencia oficial en el momento de los allanamientos y ha expresado su disposición a colaborar con la justicia, esperando una citación formal por parte de la fiscalía.
Sin embargo, cualquier acusación formal contra la Presidenta solo podría resultar en un juicio tras el final de su mandato, en julio de 2026, tal como lo establece la Constitución peruana.
Llamamos a las fuerzas políticas y sociales a vigilar el orden constitucional. La presidenta y el gabinete estamos decididos en continuar trabajando por la reactivación económica y la seguridad. Esa es la prioridad. Nadie ha pensado renunciar por esta acción desproporcionada.
— Gustavo Adrianzén (@SPCM_Peru) March 30, 2024
No obstante, este escándalo abre la puerta a posibles movimientos dentro del Congreso para solicitar la destitución de Boluarte, invocando la "incapacidad moral" como principal argumento.
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IO
