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Los sindicalizados de la Universidad de Ciudad del Carmen afirman que los beneficiados en pasadas administraciones deben ser destituidos

Es perjudicial que sigan en funciones de la Universidad Autónoma del Carmen personas que estuvieron en la administración que involucró a la Unacar en la “Estafa Maestra”, pues la institución ya quedó marcada y se debe desprender de gente que apoyó a Sergio Augusto López Peña y José Antonio Ruz Hernández, señaló José Ramón Magaña Martínez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (Sutunacar).

Dijo lo anterior al participar en la reunión de secretarios generales de los sindicatos afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), en la que forma parte la cartera de Pensiones y Jubilaciones, donde asistieron secretarios generales, el subsecretario de Educación Pública, Luciano Concheiro y Carmen Enedina Armenta, directora de Educación Superior.

Magaña Martínez expuso los problemas en la Unacar, donde la Contu, SEP y DGESU están conscientes de las consecuencias que dejó la “Estafa Maestra”.

“Esta situación es realmente preocupante, ya que la Unacar junto a otras siete universidades públicas están marcadas al estar involucradas en el megafraude al erario nacional; el que haya sido o esté involucrada nos dejó marcados como institución a nivel nacional, porque hay funcionarios en la actual administración que estuvieron en esa estafa y que siguen estando en funciones”, subrayó.

Añadió que espera que en esta nueva administración que encabeza Sandra Martha Laffón Leal como rectora ya puedan ser cambiados “y que se le dé oportunidad a otras personas y que los nuevos funcionarios que vengan no pertenezcan a esa administración que dejó mucho que desear y todavía seguimos marcados por este tema. Hay que tener cuidado con las personas que estuvieron en esa administración dicha”.

Respecto a la reunión, resaltó que fue productiva, pues el subsecretario señaló que van a seguir apoyando a las Universidades Públicas Estatales (UPE), siempre y cuando el Estado haga lo propio. “Una de las muchas tareas que nos dejaron y no solamente a nosotros sino a todas las universidades públicas estatales”.

Señaló que la solicitud de la SEP y DGESUI es que “busquemos el diálogo, a la autoridad estatal para que se ponga a la par con la federal, y así como la autoridad federal da un porcentaje de presupuesto que se nivele, que lleguen al “pari passu” que permita a la Unacar tener mayor presupuesto para cumplir sus obligaciones, incluyendo a los jubilados y pensionados”.

Respecto a la “Estafa Maestra” en la que la Unacar y al parecer ocho universidades públicas están involucradas, el monto aproximado es de cuatro mil 558 millones de pesos desviados.

De acuerdo a la investigación que realizó la Secretaría de la Función Pública, destacan 62 convenios revisados entre ellos los 11 de la Unacar con PEMEX Exploración y Producción, y Sagarpa, y halló “hechos constitutivos de delitos” con una afectación patrimonial al erario federal por hasta 4 mil 558 millones de pesos por hechos constitutivos de delito, relacionados con la Estafa Maestra.

La Universidad Autónoma del Carmen fue la institución educativa que más recursos obtuvo por los 11 convenios con PEMEX y Sagarpa, con el cobro de una “comisión” de 331 millones de pesos, por cumplir con los servicios, subcontrató ilegalmente a 19 empresas y una persona física.

El cinco de septiembre del 2017, se publicó que de los mil 157 millones de pesos cobrados por la Unacar, supuestamente pagó 826 millones 438 mil 300 pesos a 20 subcontratistas, entre ellos el Grupo Industrial Ahcof México, S.A. de C.V. y Estudios y Servicios Ecológicos y Ambientales de Tabasco S.A.P.I. de C.V. (ESEAT), que representó el 71.4 por ciento de los recursos, y el resto, 331 millones 241 mil 100 pesos, se lo quedó como “comisión”, siendo la que cobró la más alta cantidad de las ocho universidades involucradas en el desfalco.

Hoy enfrenta una demanda de pago por 355 millones de pesos por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), producto del convenio que nunca cumplió durante la administración de Sergio Augusto López Peña, quien desde 2017 está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, también se menciona la primera gestión o el primer periodo de José Antonio Ruz Hernández, ambos han sido defenestrados de la rectoría de la Unacar por lo gris que han resultado sus administraciones.

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LV