Colectivo vecinal acusa a Fonatur de intimidaciones por el Tren Maya en Campeche

El Colectivo Tres Barrios exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de intimidar a los habitantes de Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, que se oponen a la reubicación de sus viviendas, demanda a la que se unieron habitantes de Candelaria, quienes responsabilizan al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de estas presiones que buscan generar un desalojo forzoso.

En un comunicado conjunto entre el Colectivo Tres Barrios y la agrupación “Habitantes de Candelaria contra el Desalojo del Tren”, al referirse a la visita programada del Ejecutivo Federal a la entidad, como parte de la gira de supervisión que inició el viernes de forma privada en Chetumal, para conocer los avances del Tren Maya, las asociaciones, responsabilizan al Gobierno Federal, y en particular a Fonatur, de cualquier escalada en las intimidaciones y presiones que reciben.

Hostigamiento

Exponen que todo debate, comunicación o planteamiento se puede hacer de forma pacífica y sin intimidación. Pero exigen que se reubique el trazo del Tren Maya para que no atraviesen sus barrios y comunidad y evitar el desalojo forzoso.

Subrayaron de forma pública las intimidaciones que reciben por parte de Fonatur, de personal encargado de la obra, e incluso del partido Morena, así como de particulares, por la defensa que hacen de sus viviendas en los barrios La Ermita, Camino Real y Santa Lucía, de Campeche, y en la comunidad de Candelaria.

Dieron a conocer que en el proceso electoral de este año, Morena presionó para que desistieran de los amparos que presentaron pare evitar el desalojo forzoso y aseguran que “en repetidas ocasiones indicaron que si no nos desistíamos, luego no se nos iba a dar una nueva casa como indemnización”.

Plantean que este mensaje también les llegado de personal de Fonatur y otras autoridades, quienes insisten que para negociar se deben desistir de los juicios de amparo.

Además, en las redes sociales circulan ataques en contra de las voceras del colectivo a las que las acusa “de recibir dinero de organizaciones, para confundir a la gente”.

Esto lo califican como una “campaña de mentiras y chismes”, en la que además filtran datos sensibles a la prensa para estigmatizar y acusarlos de formar parte de una conspiración contra el gobierno”.

Por todo esto, le piden al presidente que en el sobrevuelo que hará de las vías ferroviarias tome nota de que Candelaria y los barrios de Santa Lucía, La Ermita y Camino Real no son invasiones sino zonas consolidadas que existen desde antes de la construcción de la vía, en los años 30”.

Por lo que le exigen a las autoridades encargadas del Tren Maya que cesen las intimidaciones y presiones en su contra.

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Critican que el Juzgado Primero de Distrito negó la suspensión definitiva de uno de los amparos, con el argumento de que nunca ocurrió el evento en el cual el presidente, los cinco gobernadores del sureste y otras autoridades federales firmaron un convenio de colaboración para ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial de la región del Tren Maya.

En el juicio, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Fonatur, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otras autoridades “negaron que ocurrió dicho evento público para la firma del acuerdo”, a pesar de que se transmitió a nivel nacional y se presentó como prueba, así como el video íntegro de la transmisión del evento.

A pesar de la prueba, “el juez negó la suspensión argumentando que no demostramos que dicho evento había ocurrido”, protestaron.

CG