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El conflicto generado por Bachoco al cercar los caminos de acceso a sus parcelas a decenas de campesinos de Hunucmá, entró en una nueva y más complicada etapa en la que el representante legal de la empresa desafió a los productores a “denunciar el caso ante el Tribunal Agrario”.
En una actitud prepotente, el licenciado Raúl Tamayo intercambió palabras con la señora Reina Isabel Canul. Ella le reclamó el hecho de que supuestamente había ordenado agredir a su esposo, Miguel Ángel Canul, el pasado 26 de diciembre. La situación pudo haber tenido consecuencias fatales si no fuera por la intervención de un vecino que pasaba por el lugar, dijo indignada la mujer.
No obstante, el representante de Bachocho intentó refutar los hechos, pero Miguel Ángel intervino y señaló que el abogado estaba mintiendo. Incluso llegó a desacreditar la noción de que “la tierra es de quien la trabaja”, considerándola falsa según sus palabras.
“¿Qué es eso? Si el vecino no hubiera llegado a tiempo, lo habrían matado y tirado como a un perro, quién sabe en dónde”, expresó la señora.
Efectivamente, los enviados de la empresa Bachocho ingresaron al terreno de labranza de Miguel Ángel, lo amenazaron y golpearon. Logró liberarse cuando un vecino pasó por ahí y presenció la agresión. Luego él puso una denuncia penal contra el abogado Tamayo porque él, a decir del campesino, lo había mandado golpear.
El “licenciado” se mostró tenso y molesto ante la presencia de POR ESTO!, tratando de impedir la obtención de pruebas sobre la reunión que tuvo lugar en un sitio público, bajo la sombra de un almendro, ubicado a un costado de la calle 27. Esta reunión se llevó a cabo en el contexto de los intentos de Bachocho por cerrar el acceso, afectando a alrededor de 100 productores de hortalizas.
El representante de Bachoco llevaba bajo el brazo una carpeta que, según su versión, contenía evidencias documentales de la propiedad del terreno. Aunque no pudo precisar las dimensiones, afirmó que estas constaban en el deslinde realizado al comprar la tierra a otra empresa (Campi), la cual a su vez la adquirió de un particular propietario del casco de la hacienda San Gerardo.
Sin embargo, los campesinos alegaron que ocupan esas tierras desde hace más de 40 años, incluso desde la generación de sus abuelos. Sostienen que la empresa, aprovechando sus recursos financieros, busca apropiarse de 64 hectáreas al cercarlas, invadiendo las tierras de los campesinos y cerrando incluso el acceso tradicional a varias parcelas. Esto constituye, según ellos, una violación al “derecho de servidumbre de paso”.
Durante mucho tiempo, la comunidad vivió en paz sin enfrentar problemas, hasta que recientemente observaron el movimiento de obreros que instalaban cercas alambradas. Benedicto Chay, uno de los conocedores del tema, señaló que hay algo inusual en este asunto, ya que las tierras les han pertenecido desde hace muchos años.
Indignados por la agresión a uno de sus compañeros, en días recientes, cerraron el acceso de la calle 27 a los camiones de la empresa, colocando piedras en el camino. De este modo, iniciaron una resistencia civil contra la empresa que intenta despojarlos de sus tierras, las cuales son fundamentales para el sustento de sus familias.
Este parece ser otro caso de abuso, similar a los que los campesinos transmitieron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Motul, la tierra de Felipe Carrillo Puerto. En un documento ampliamente difundido por POR ESTO! ayer, los campesinos solicitaron la intervención del jefe del Ejecutivo en contra de acciones como la ocurrida en Hunucmá. En este lugar, poderosos empresarios amenazan a los hombres del campo sin considerar las posibles consecuencias sociales de sus actos.
“¿Cómo se atreven a cerrar una calle que tiene 90 años?”, expresó indignado uno de los productores reunidos en torno al licenciado Tamayo. Cabe destacar que el licenciado estaba acompañado por un asistente que llevaba una cangurera con equipo de radio y se encargó de “grabar” el diálogo con los campesinos utilizando su teléfono.
El licenciado aseguró que existe un dictamen de los límites autorizados por el Ayuntamiento y argumentó que, a pesar de que los terrenos parecían abandonados, tienen un dueño legítimo. Presentó como evidencia el tablaje 1334, que la empresa Campi vendió en 1977, con un valor catastral de 31 mil 800 pesos. Además, señaló que la rectificación de linderos a favor de Bachoco quedó registrada en julio de 2020.
En una actitud ahora más serena, el licenciado añadió que “no se trata de agredir a nadie”. Subrayó que, ante cualquier conflicto, existe una autoridad encargada de resolver la situación.
Indignados, los productores insistieron en la pregunta de cómo podrán sacar sus cosechas si les están cerrando el paso y bloqueando el acceso a los terrenos donde cultivan calabaza, frijol, maíz, argumentando ahora que estos pertenecen a la empresa.
Uno de los productores señaló que debe de existir un antecedente en el Registro Agrario, enfatizando la importancia de revisar detenidamente los documentos. Afirmó que, en estas situaciones, la tendencia es que quien cuenta con más recursos financieros tiene la ventaja, por lo que es importante examinar con detalle la información disponible.
Sin embargo, el representante de Bachocho mantuvo su postura firme: “Yo compré a Campi, y Campi a un particular, y ese particular a un rancho. Que presenten el caso ante el Tribunal Agrario”, enfatizó.
Los productores aseguraron que no dejarán las cosas así y buscarán asesores legales. Manifestaron su determinación de llevar el caso hasta las últimas consecuencias, ya que los terrenos son fundamentales para la producción de alimentos que sustentan sus hogares, sus hijos y sus familias.
#Yucatán I Bachoco amenaza a ejidatarios de Hunucmá; los desafían a denunciar ante el Tribunal Agrario uD83DuDC49https://t.co/XkfRz5F4rWpic.twitter.com/3EEAsm79wn
— Por Esto! Online (@PorEstoOnline) January 5, 2024
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