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Prácticamente desde la primera piedra, a pesar de lo cuestionable de un proyecto como Paraíso Sisal, que amenaza la conservación de la flora y fauna costera de Yucatán, testigos protegidos afirman que se contó con la permisividad de autoridades cómplices y la inmoralidad de empresarios dispuestos a “arreglar” lo que sea con dinero: en la autorización para la primera vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le dejó abierta la puerta a la inmobiliaria de Víctor y Daniel Campos Agüero para construir cuanto quisiera... Ya antes el Gobierno de Ivonne Ortega había concedido el derecho al ecocidio en la Reserva Natural.
Las consecuencias hoy saltan a la vista: Paraíso Sisal y la zona aledaña del manglar, en el Reserva Natural El Palmar, padece no solo daño ecológico, dunas protectoras destruidas y especies amenazadas, sino contaminación de desechos de todo tipo.
Con “letras chiquitas”, o más bien entre líneas de las supuestas restricciones para no hacer obras más allá de las autorizadas en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la primera vivienda, la Semarnat, representada entonces por Hernán José López Cárdenas, dio luz verde a más construcciones dentro del cuestionado polígono habitacional de lujo.
“En el momento que la promovente decida llevar a cabo cualquier actividad, diferente a la autorizada, por sí o por terceros, directa o indirectamente vinculados al proyecto, deberá solicitar a esta Delegación Federal la defi nición de competencia y modalidad de evaluación del impacto ambiental para cada una de las obras y actividades que pretenda desarrollar”.
Así, Inmobiliaria Paraíso Sisal, S.A. de C.V., de alguna manera ya contaba con el respaldo de la Semarnat para continuar con la ampliación del desarrollo con otras casas en el predio lotifi cado, con la reserva de que las autorizaciones debían pasar por un proceso similar de “análisis y evaluación”, al margen de la ley vigente.
Pero no fue la única complicidad oficial, según fuentes cercanas, pues en lo local también encontraron “ayudas”. Hay que recordar que una de las leyes fue modificada a modo para excluir los terrenos ubicados en lo que hoy es Paraíso Sisal de la reserva ecológica El Palmar, mediante un “decretazo” (el Decreto 293) emitido en 2010 por la entonces la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y suscrito por los titulares de la Secretaría de Gobierno estatal, Víctor Manuel Sánchez Álvarez, y el de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Adolfo Batllori Sampedro.
Ahora sale a relucir que, como parte del proyecto de lotificación de los terrenos en la línea de costa de Paraíso Sisal, en el municipio de Hunucmá, la inmobiliaria representada legalmente por Víctor Manuel Campos Agüero recibió el aval de las autoridades para explotar sin medida los terrenos costeros, de acuerdo con documentación ofi cial de la Semarnat.
Los empresarios solicitaron a las autoridades ambientales federales permiso para construir vivienda turística en uno de los lotes. Así consta en el oficio 726.4/UGA0617/0001454, emitido el 31 de mayo de 2018 por la delegación de Semarnat, del proyecto de “Construcción y operación de una casa habitación ubicado en el lote 5222 del proyecto de lotificación Paraíso Sisal, en la comunidad de Sisal, Yucatán”.
Las autoridades ambientales vincularon algunos criterios de la evaluación y análisis del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto 31YU2018TD003 con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (Poetcy), porque el predio se encuentra incluido en la Unidad de Gestión Ambiental UGA HUN02-BAR_AP1-R, en donde se aplican la política de aprovechamiento sustentables de baja intensidad.
En otras palabras, esto quiere decir que, bajo esta consideración, la empresa inmobiliaria podía extraer agua para la operación de la casa si tenía el aval de las autoridades federales en esta materia. El proyecto de construcción contemplaba una casa de 150.94 metros cuadrados de superficie, en cuya edifi cación no se extraería agua sino que se usarían pipas; para la gestión de aguas residuales durante la operación del inmueble se instalará un biodigestor.
La Semarnat aclaraba, en ese momento, que “no se cuenta con pozos en el predio”, por lo que “durante la construcción de la misma, el líquido se obtendrá a través de pipas de agua cruda para construcción principalmente y en caso de que el Promovente opte por la apertura de un pozo se apegará a lo previsto en el presente criterio”.
Como información adicional, la dependencia expresaba que “la extracción de agua para abastecer la infraestructura de vivienda, turística, comercial, industrial o de servicios se deberá limitar al criterio de extracción máxima de agua de hasta dos litros por segundo, con pozos ubicados a distancia definidas en las autorizaciones emitiditas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.
Incluso, el caudal de extracción de agua podría incrementarse hasta 10 litros por segundo “si se demuestra, con un estudio geohidrológico detallado del predio, que la capacidad del acuífero lo permite; en este caso la autorización deberá supeditarse a que se establezca un sistema de monitoreo con registro continuo del acuífero y a la inscripción y participación activa del usuario en el Consejo de Cuenca de la Conagua en los términos de lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales”.
Tanto en este caso de la extracción de agua, que detallamos como un ejemplo de lo que solicitaban los Campos Agüero, como en otros aspectos de esta autorización de construcción de la primera casa en Paraíso Sisal, ubicada en el lote 5222, las autoridades ambientales federales establecían que la empresa no tenía permiso para ampliar la infraestructura o instalar aditamentos no previstos en el proyecto, pero, en realidad, no prohibía ni permitía más construcciones, siempre que el promovente presentara las MIA de los subproyectos derivados.
“La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de ningún tipo de infraestructura que no esté listada en el término primero del presente oficio, sin embargo, en el momento que la promovente decida llevar a cabo cualquier actividad, diferente a la autorizada, por si o por terceros, directa o indirectamente vinculados al proyecto, deberá solicitar a esta Delegación Federal la definición de competencia y modalidad de evaluación del impacto ambiental para cada una de las obras y actividades que pretenda desarrollar. La solicitud contendrá un resumen general de los “subproyectos”, con su ubicación exacta y condiciones (ambientales presentes al momento de su solicitud. Posterior a ello y de ser el caso, deberá presentar a esta Delegación Federal para su evaluación, la MIA respectiva”.
Esta permisividad para destrucción del hábitat de miles de especies, que provino de la autoridad que debe velar por la conservación, ha propiciado la solicitud de más permisos para viviendas y, por ende, mayor devastación, a pesar de que, como POR ESTO! ha documentado puntualmente afecta al medio ambiente.
Hace unos días informamos que científicos y ambientalistas de Yucatán repudiaron el complejo habitacional costero Paraíso Sisal porque “está envenenando” el medio ambiente del Estado al destruir los manglares, que limpian el agua y absorben dióxido de carbono, un gas que contribuye al calentamiento global.
Esta destrucción de la flora del litoral causa la erosión, es decir, la “desaparición” de la línea costera y, por ende, la entrada de agua salada; en pocas palabras, el mar se está “comiendo” la playa y, tarde o temprano -advierten Ducks Unlimited México (Dumac) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- acabará con las viviendas que se construyen en los terrenos que hoy comercializan los hermanos Víctor Manuel y Daniel Iván Campos Agüero y quienes hayan invertido ahí perderán su dinero.
Además, el Tecnológico de Mérida (ITM) determinó, en un estudio, que eliminar la vegetación considerada “pulmón de la zona” y controlador del agua propicia el brote de marea roja porque la ausencia de este “filtro natural” permite el paso directo al mar de residuos y desperdicios de aguas negras de los sumideros. El año pasado, la presencia de este fenómeno paralizó la economía costera y le quitó el pan de la boca a miles de familias que dependen de la pesca de escama en la Entidad.
Mientras que científicos de la UNAM crean estrategias para revertir todo lo que el Cártel de Sisal ha destruido. Por lo pronto, ya se concretó la primera acción de los científicos en Yucatán, preocupados por la devastación que causa el complejo inmobiliario de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero: terminaron un estudio del daño que ocasionan los geotubos que los empresarios usan para embutir la playa con la intención de beneficiar su proyecto de vivienda, y ya tienen una serie de propuestas para “remediar” la afectación que se observa en la playa de la Reserva Estatal El Palmar.
Del lado de los empresarios yucatecos, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Beatriz Gómory Correa, consideró que, como cualquier proyecto inmobiliario que tenga un incumplimiento o anomalías, “debe ser sancionado con todo el peso de la ley”.
Mientras que en el Congreso del Estado el legislador Rafael Echazarreta Torres ha presentado una iniciativa para “poner orden” en la explotación y comercialización en las costas. Incluso el legislador advirtió que “hay lagunas en la Ley, y eso es lo que utilizan los inversionistas inmobiliarios para no cumplir con todos los lineamientos, eso genera un impacto en detrimento de la tierra, de las áreas ecológicas, en el municipio y el presupuesto del Estado”.
“Donde no hay regulación, hay especulación, y donde hay especulación regularmente existe corrupción”. Y justo esa frase de Echazarreta Torres parece pintar de cuerpo completo lo que ocurre con el negocio inmobiliario en Paraíso Sisal.
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CC
