Juez suspende el aseguramiento de tierras ejidales en Ixil
Ejidatarios de Ixil podrán conservar sus tierras luego de un enfrentamiento entre policías y pobladores por el aseguramiento de sus terrenos a cargo de la FGE Yucatán
Tras una prolongada espera, la comunidad maya celebró la emisión de una suspensión provisional dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán que deja sin efecto una orden de aseguramiento emitida por la Fiscalía General del Estado, implementada el 17 de agosto y que resultó en el cierre de cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas y campesinas en Ixil.
La suspensión provisional ordena a las autoridades responsables que “giren las instrucciones pertinentes a fin de que se permita acceso a los pobladores a dicho territorio que poseen”. Por tanto, la comunidad de Ixil podrá nuevamente abrir los caminos cosecheros para acceder sin restricciones a las tierras de cultivo y a los proyectos comunitarios que se ejecutan en su territorio.
En ese sentido, el Juez Primero de Distrito consideró que la suspensión debía concederse para “no causar daños de difícil reparación”, dado que las consecuencias del aseguramiento de la Fiscalía afectan espacios territoriales de la comunidad, pues impiden el ingreso de sus habitantes a las actividades y proyectos que han venido desarrollando, limitación que podría generar riesgo de la pérdida y afectación del desarrollo de esas actividades agrícolas y comunitarias.
Si bien la medida cautelar es provisional, existen todos los elementos para que el Juzgado Primero dicte, en su momento, la suspensión definitiva, de tal manera que se garantice el acceso de la comunidad a su territorio hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo.
En ese sentido, resalta el criterio protector del Juez Primero, que ponderó el derecho al territorio de la comunidad y las afectaciones que la medida de la Fiscalía causa, en contraste con lo señalado en su momento por el Juzgado Quinto de Distrito, quien al negar la suspensión dentro del amparo 1366/2023, presentado por un amplio número de integrantes de la comunidad, no consideró la afectación territorial que dicha medida causa a la comunidad. El criterio del Juzgado Quinto fue respaldado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, en donde labora como secretario de acuerdos un familiar de uno de los empresarios despojadores.
La asamblea comunitaria de Ixil, organizada desde 2019, ha logrado detener despojos de tierras ejidales y comunitarias, así como megaproyectos inmobiliarios y energéticos. Tras este importante paso, la asamblea reafirma y fortalece el compromiso de la comunidad en la defensa del territorio y medio ambiente de Ixil, para dejar a las generaciones futuras un futuro con calidad de vida, identidad y dignidad.
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GC
