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La Defensoría Pública de los Derechos Político Electorales nació muerta: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) aprobó el reglamento de la instancia, pero votó en contra de echarla andar porque no tiene dinero para que opere.
En la sesión extraordinaria donde se discutió el reglamento, el consejero Roberto Ruz Sahrur propuso que la defensoría quedara instalada a más tardar el 15 de febrero, antes de que iniciara formalmente el proceso electoral en la entidad, con el registro de gobernador, pero el resto de los consejeros rechazó la moción ante la falta de presupuesto, por lo que no estará lista para el proceso electoral de 2024.
La consejera Alicia Lugo destacó la relevancia de implementar la defensoría para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos políticos de grupos vulnerables. El reglamento detalla aspectos como los servicios a ofrecer, procedimientos, informes y personal, pero nada de eso será posible.
Esta decisión es otro golpe a la impartición de justicia electoral, y por la misma causa: apenas el martes -tal como publicamos en la edición de ayer, miércoles-, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) también dijo que carece de recursos suficientes para atender la “oleada” de denuncias de delitos electorales que “esperan” para 2024. En este caso, la presidenta, Lissette Guadalupe Cetz Canché, aseguró que tendrán que pedir apoyo a otros tribunales para que les envíen personal.
Además, otro de los consejeros, Jorge Vallejo Buenfil, prácticamente le dio el tiro de gracia a la Defensoría: dijo que, tal como está diseñada, no garantiza su viabilidad. Advirtió de la necesidad de delimitar sus facultades para no generar expectativas excesivas en la ciudadanía.
Roberto Ruz lamentó que la decisión de posponer la creación de la defensoría no se informara con antelación y se hiciera hasta ahora, en octubre, precisamente en el arranque del proceso electoral. Planteó que lo correcto sería que estuviera operando antes del registro de candidaturas, es decir, el 15 de febrero de 2023.
El consejero Jorge Vallejo Buenfil coincidió en la importancia de la defensoría, pero advirtió sobre la necesidad de delimitar sus facultades para no generar expectativas excesivas en la ciudadanía. Opinó que el diseño actual no garantiza su viabilidad.
El presidente del Iepac, Moisés Bates, elogió que el Congreso haya legislado sobre la Defensoría, pero reconoció que se requiere presupuesto y personal para implementarla.
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LV
