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Escrito por Carlos Sánchez Fabro
Luego que la empresa concesionada Aguakan obtuvo un amparo para seguir trabajando en cuatro municipios del Estado de Quintana Roo, el Diputado local, Hugo Alday, del Partido del Trabajo (PT), perteneciente a la XVII Legislatura en el Congreso del Estado, dice que son los ayuntamientos los que deben demandar, porque ellos deberían administrar, suministrar y regular el tema del agua potable.
Luego que fueran los propios integrantes de la actual Legislatura los promoventes de cancelar la prórroga de la concesión a la empresa, una vez que Aguakan respondió de manera legal, los Legisladores poco a poco pretenden desmarcarse de lo que hoy se considera un error jurídico por especialistas en derecho y para ello, el Diputado Hugo Alday ha alzado la voz para decir que este no es un tema de los legisladores, sino es algo que deben ver los ayuntamientos, porque son los directamente responsables.
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El legislador dijo que este es un tema que va para largo, porque prevé que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los argumentos que da la empresa y por los argumentos que da el Congreso y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, pero que esto debe manejarse directamente por los cuatro ayuntamientos afectados, ya que son los responsables jurídicamente.
Alday sostiene que la responsabilidad de administrar, suministrar y regular el servicio de agua potable recae directamente sobre los ayuntamientos. En este contexto, el legislador hace un llamado a los Gobiernos municipales a asumir un papel más activo en este ámbito y, si es necesario, emprender acciones legales para salvaguardar los intereses de la comunidad.
El Diputado del PT argumenta que la gestión del agua potable es un asunto de vital importancia para la población y, por ende, debe ser manejado de manera eficiente y transparente. Al dirigirse a los representantes locales, Alday afirma que la concesión de servicios tan cruciales a empresas privadas puede resultar en una pérdida de control sobre un recurso fundamental.
Aguakan, la empresa concesionada en el centro de esta polémica, ha mantenido su postura de que la concesión es necesaria para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio; sin embargo, críticos, incluyendo al Diputado Alday, argumentan que el involucramiento directo de los ayuntamientos permitiría una mayor supervisión y regulación, asegurando así que las necesidades de la comunidad se aborden de manera más efectiva.
Este debate plantea cuestionamientos más amplios sobre la gestión de servicios públicos esenciales y el equilibrio entre la iniciativa privada y el control gubernamental. Mientras, Aguakan continúa y continuará operando bajo el paraguas legal del amparo obtenido.
La atención se centra en cómo los ayuntamientos responderán al llamado del Diputado Alday y si buscarán cambios en la actual dinámica de concesión, toda vez que, por ahora, ni el Congreso del Estado ni el Gobierno estatal han podido hacer nada.
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AT
