Calica mantiene extracción de material en Playa del Carmen con permiso estatal

La empresa Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), continúa la extracción de material pétreo en Playa del Carmen, a pesar de que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el pasado lunes que ya no tenían permiso. Sin embargo, en 2016 les renovaron la anuencia estatal y podrán continuar con la explotación del terreno hasta 2036.

En tanto, con respecto al juicio que sostienen con el Gobierno Mexicano en la corte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el pasado 17 de diciembre se realizó el encuentro entre las partes, pues estaba programado que en noviembre se diera el veredicto, pero la empresa filial Legacy Vulcan, en octubre presentó “nuevas evidencias” para evitar un fallo en su contra.

La compañía exige al Gobierno Mexicano una indemnización superior a los mil 500 millones de dólares, bajo el argumento de que hubo dolo al impedirle la explotación de los predios denominados “El Corchalito” y “La Adelita”, en Solidaridad.

Esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ventiló públicamente la situación con Calica, y dijo que se busca crear “albercas naturales” en la zona devastada, pues indicó que en 2020 se le venció el permiso.

Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), otorgó la Autorización de Impacto Ambiental (AIA Federal), el 30 de noviembre de 2000, con una vigencia de 20 años y prorrogable a juicio de la misma dependencia.

Como establece ese permiso, la autorización del proyecto denominado “Aprovechamiento de Roca Caliza por Debajo del Manto Freático en los Predios El Corchalito y La Adelita”, quedó sujeta a términos y  condicionantes.

El cuarto y décimo tercer punto de esta concesión establecen: “La empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V. deberá hacer del conocimiento de esta Dirección General, de manera previa, cualquier eventual modificación al proyecto después de emitida la autorización en materia de impacto ambiental para que la Semarnat, con toda oportunidad, determine lo procedente.

A saber: si es necesaria la presentación de una nueva MIA;  si las modificaciones propuestas no afectan el contenido de la autorización otorgada, o si la autorización otorgada requiere ser modificada con objeto de imponer nuevas condiciones a la realización de la obra o actividad de que se trata”.

En lo que toca al décimo tercer punto de la misma concesión, refiere: “La Semarnat podrá evaluar nuevamente la MIA, de considerarlo necesario, con el fin de revalidar la autorización  otorgada, modificarla, suspenderla, anular o revocarla si estuviera en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeran afectaciones negativas imprevistas en el ambiente.

Además, en 2017 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) inició un procedimiento administrativo, que concluyó en enero de 2018, con la clausura de una parte de los predios “El Corchalito” y “La Adelita”, tras rebasar la superficie de explotación autorizada.

Por ello, en noviembre de 2020, cuando debió renovar la concesión, al no haber cumplido los lineamientos estipulados en el permiso, la Semarnat no la autorizó.

Pero el Gobierno Estatal, en 2016, aprobó la modificación de la AIA Estatal, la cual quedó sujeta al cumplimiento de 10 condicionantes, cuyo incumplimiento individual es motivo suficiente para su revocación, pero hasta ahora ningún inspector ha reportado que hayan incumplido.

En lo que respecta al juicio internacional, al que hizo alusión el mismo López Obrador, inició en enero de 2019; Calica tuvo la oportunidad de presentar sus pruebas para sustentar el supuesto dolo de las autoridades municipales, estatales y federales, en torno al Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) que entró en vigor en 2009, pues los predios de Calica forman parte de una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), con fines de conservación y no de explotación como pretende la empresa.

La compañía argumentó la existencia de una minuta en la que autoridades de los tres niveles Gobierno se comprometieron a cambiar el uso de suelo, pero el Gobierno Federal dejó claro que esta “minuta” no tiene la validez legal, ni fue notariada, para sustentar lo dicho por la empresa.

Aunado a esto, Sac Tun (Legacy Vulcan) dijo que se violentaron varios artículos contemplados en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), pero los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, enviaron sus respuestas en las que expusieron los motivos por los que se desentendían de este asunto, al referir que no tenía nada que ver con el acuerdo entre las tres naciones.

Por lo anterior, y como señaló el Presidente de México, es que se busca un acuerdo con Calica para darle un buen fin a esta zona explotada desde 1996.

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CG