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Escrito por Fernando Morcillo
Con el proceso electoral en marcha, aspirantes a una diputación ya utilizan el tema de los parquímetros en Playa del Carmen y la concesión otorgada a la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano como una causa de lucha para hacerse de la simpatía ciudadana y obtener votos.
Sin embargo, los anteriores gobiernos municipales hicieron caso omiso a las peticiones empresariales y ciudadanas para retirar esta concesión para la operación de los parquímetros.
Fue en el Gobierno de Cristina Torres Gómez, con apoyo de la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, que se entregó esta concesión por 15 años a esta empresa.
Para revocar la concesión, en octubre de 2019, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Playa del Carmen, comenzó a recabar firmas, que fueron ignoradas por el Gobierno de Laura Beristain Navarrete.
Esto pese a que la entonces Alcaldesa, también se había manifestado en contra de la operación de los parquímetros y que, dijo, se veía obligada a respetar el permiso que presentaba la empresa y únicamente hizo algunos cambios a la concesión, principalmente, para dotar de más bicicletas a la ciudad y que forman parte del proyecto.
Maritza Valencia, ciudadana afectada por estos parquímetros, presentó a través de la plataforma change.org, una iniciativa para revocar la concesión del permiso, y que estuvo dirigida también a la administración municipal 2018-2021, pero que fue ignorada del mismo modo.
Al no encontrar eco esta solicitud, se buscó posteriormente cambiar las condiciones de la misma, es decir, ya no retirarle el permiso, pero sí modificar el cobro y zona de aplicación.
En diciembre de 2019, el doctor Alfonso Arredondo, entregó a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Playa del Carmen, una propuesta para modificar la concesión, buscando que los domingos, por ser día inhábil, no se cobrara el parquímetro. Desafortunadamente, ninguno de los integrantes presentó la propuesta en sesión pública, simplemente la desecharon.
Incluso, la misma Canaco-Servytur y el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM) intentaron ampararse contra la operación de los aparatos, pero en ambos casos fue desechado por las autoridades judiciales. Ahora, se espera que las propuestas ciudadanas pasen al plano de las propuestas políticas.
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CG
