Quintana Roo, cuarto lugar nacional en violencia política de género

El Estado de Quintana Roo se encuentra en el cuarto lugar dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS).

De un total de 48 personas sancionadas a nivel nacional por violencia política contra las mujeres en razón de género, cuatro casos corresponden a Quintana Roo, Entidad que se ubica por debajo de Campeche, que también tiene cuatro sancionados, Veracruz con 16 y Oaxaca con 19 sanciones. El registro de sanciones a nivel nacional corresponde a 36 hombres y 12 mujeres.

El registro, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), posiciona a Quintana Roo entre las primeras cuatro de una lista de 12 entidades con registro de esta falta, que es considerada grave, pues según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se establecen multas e incluso hasta seis años de cárcel por cometer violencia política de género. En el caso de candidatos, de incurrir en violencia política de género, se mencionan como castigos amonestaciones públicas, multas e incluso la pérdida de su candidatura.

Los casos de Quintana Roo que ya se encuentran boletinados corresponden a Ángel Antonio Ortiz Franco, Cristian Alberto Ojeda Chuc y Merced Ortiz Maya, todos por actos realizados en el municipio de Puerto Morelos. Del mismo modo, se puede ver el registro de Carlos Mimenza Novelo, correspondiente al municipio de Solidaridad.

Cabe señalar que en el caso de Merced Ortiz Maya, fue denunciado en su calidad de director general de Protección Civil y Bomberos del  Ayuntamiento de Isla Mujeres, junto con los ciudadanos Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Chuc, por la presunta propagación de panfletos, volantes y flyers en los cuales se ofrecía sexo servicio con el número de celular de Atenea Gómez Ricalde, candidata del PAN a diputada local por el Distrito 1 en ese momento. En este asunto, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determinó la falta de los tres sujetos mencionados.

En el caso de Carlos Mimenza Novelo, fue el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) el que determinó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en agravio de la diputada local Roxana Lili Campos Miranda, consistente en la difusión sistemática y reiterada de mensajes y videos en su portal de internet y red social Facebook.

Mimenza Novelo es un empresario quintanarroense que intentó ser candidato a la presidencia de la República en el proceso electoral 2018.  El 18 de noviembre del 2020, Carlos Mimenza fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Mérida, Yucatán, con base en una orden de aprehensión obsequiada por un juez a solicitud de la Fiscalía General de Quintana Roo, con base en la carpeta 349/2020, por el delito de extorsión.

No obstante, la Entidad podría escalar al tercer puesto del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ya que el pasado 18 de mayo la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que inscriba el nombre de Luis Gamero Barranco en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Estado y realice la comunicación respectiva al Instituto Nacional Electoral (INE) para su inscripción en el Registro Nacional. El citado registro deberá durar cinco años cuatro meses.

Luis Gamero Barranco es aspirante a la presidencia municipal de Othón P. Blanco y fue denunciado por violencia política en razón de género por Yensunni Martínez, candidata a síndico de su misma planilla.

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Del mismo modo, el pasado 11 de mayo, la Sala Xalapa declaró la existencia de violencia política en razón de género atribuida al regidor de Othón P. Blanco, Adrián Sánchez Domínguez. El concejal fue acusado por violencia política en razón de género por la  regidora propietaria del mismo municipio Martha Bella Reyes.

Otro caso es el del candidato a diputado federal por el Distrito II, José Alberto Alonso Ovando, quien fue denunciado por la diputada Judith Rodríguez Villanueva por violencia política en razón de género ejercida cuando Alonso Ovando se desempañaba como secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Quintana Roo. El caso se encuentra también por ser resuelto ante el TEPJF.

También se espera la resolución del Tribunal Electoral de Quintana Roo sobre las denuncias presentadas por Trinidad Guillen Núñez, candidata a la presidencia municipal de Bacalar por parte de la alianza Juntos Haremos Historia, integrada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Autentico Social, quien presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) por violencia política en razón de género y uso indebido de recursos públicos  en contra del subdelegado de la comunidad de Maya Balam, Francisco Ramos Diego.

En su queja presentada ante el órgano electoral, la candidata señala también al candidato a la presidencia municipal de Bacalar, José Contreras Méndez, de la alianza Va por Quintana Roo (PAN-PRI-PRD-CQ) y al actual edil de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, de ser los autores intelectuales de auspiciar una manifestación en su contra en el domo de la comunidad Maya Balam, donde presuntamente la candidata fue agredida.

RM