Fiscalía Anticorrupción investigará a presuntos miembros del 'Cartel del Despojo' en Quintana Roo

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (Feccqroo) inició una carpeta de investigación contra el denominado Cártel del Despojo, al que se le atribuye el apoderamiento de propiedades lujosas a través de juicios laborales simulados y relacionado con créditos bancarios, y que presuntamente se vincula al diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Gustavo Miranda García y a Pablo Bustamante, presidente estatal del instituto político.

En su cuenta de Facebook, la Feccqroo resaltó que las indagatorias derivan de las publicaciones en diferentes medios de comunicación por posibles hechos criminales en los que se señala al personal de una junta laboral del municipio de Cozumel, del Registro Público de la propiedad y a un notario público de la entidad.

“Los datos aportados públicamente han sido suficientes para girar las instrucciones necesarias y así establecer las posibles líneas de investigación. Con base a esto se realizarán todos los actos tendientes para el esclarecimiento del caso”, se lee en la publicación de redes sociales.

Previamente, se desveló que ambos militantes del Verde Ecologista estarían implicados en la supuesta red de despojos de inmuebles de alta plusvalía en la zona norte de Quintana Roo.

Para el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, que preside Eduardo Galaviz Ibarra, la situación es preocupante, toda vez que ya son dos diputados de la actual Legislatura que se ven involucrados en temas relacionados con fraude.

Recordó que meses atrás, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigaba y congeló las cuentas del exdirigente estatal del PVEM y diputado local, José de la Peña Ruiz de Chávez, por su presunta relación con la “mafia rumana” y una red de clonadores de tarjetas.

Galaviz Ibarra indicó que, paradójicamente, los diputados hoy involucrados en despojos y blanqueo de recursos están a cargo de la administración presupuestal del Congreso del Estado.

En ese sentido, consideró que los hechos dados a conocer el pasado 15 de abril en un reportaje realizado por un portal de noticias mexicano con sede en Estados Unidos, donde ahora señalan al presidente de la Jugocopo de estar involucrado en una célula delictiva dedicada al supuesto despojo de inmuebles, a través de juicios laborales falsos, dejan en evidencia el esquema de corrupción que viene funcionando en el Estado desde hace varios años atrás.

Junto con el diputado local, se señala a la empresa García y Miranda Trading; Erika García Deister, madre de Gustavo Miranda; Jorge David Segura Rodríguez, Jorge Jaime Cruz Hernández, titular de la notaría publica número 84 en Playa del Carmen, y Luis Pablo Bustamante, quien heredó la dirigencia del PVEM Quintana Roo tras darse a conocer la investigación en contra del diputado José de la Peña.

Eduardo Galaviz Ibarra consideró que los señalamientos son alarmantes, toda vez que Gustavo Miranda García preside la Jugocopo y la administración del Congreso, y por lo tanto tiene a su cargo el manejo presupuestal y administrativo del Congreso local.

Misma situación con el diputado José de la Peña, quien actualmente preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo.

“Son sospechas que van creado una estela de situaciones de corrupción, de favoritismo, que en nada ayudan el actuar de partidos y diputados en el congreso”, finalizó.

Apenas el pasado miércoles se dio a conocer que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), liberó las cuentas bancarias del diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña de Ruiz Chávez, tras ser congeladas como parte de una investigación hacia la “mafia rumana” de clonadores de tarjetas.

El diputado local figuró en una investigación relacionada con la red delictiva rumana encabezada por Florian Tudor, en Quintana Roo, quien es señalado de blanqueo de recursos de procedencia ilícita a través de cuentas bancarias, así como clonación de tarjetas mediante cajeros automáticos.

Tudor, quien radica en México, está acusado en Rumania de tres delitos: intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada.

La UIF anunció “Operación Caribe”, con lo que realizó el bloqueo masivo de cuentas de 79 personas físicas y morales, que formaron parte de una investigación a una organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que opera en la zona turística de Cancún.

CG