Matar y rematar

El aniversario número 21 de la masacre de El Salado –la matanza más grande en la historia de este país de masacres- en lugar de traer para sus víctimas sobrevivientes la reparación tan esperada, se ha presentado con nuevas amenazas de muerte.

Fueron más de 100 los muertos y de los heridos no hay una cuenta exacta. A raíz de esos hechos los sobrevivientes tuvieron que salir huyendo, sus tierras pasaron a manos de sus victimarios y con el correr de los años 730 de sus originales 7.000 habitantes regresaron a ver cómo podrían reconstruir sus vidas recuperando lo poco que quedó del despojo.

Ninguno de ellos tuvo con qué defenderse ante la arremetida de esos asesinos que justificaban su acción acusándolos de guerrilleros, completamente inermes, que todavía no acababan de asimilar que los arrasamientos de poblaciones que ya se habían presentado en la región pudieran tocarles también a ellos.

Los jefes paramilitares que ordenaron el horror están regresando ahora de Estados Unidos donde fueron procesados por el delito de  narcotráfico pero no han pagado ni un día de cárcel por la erradicación a sangre y fuego de este pueblo hasta ese momento alegre y festivo por lo cual, como burla macabra, los asesinos llevaron músicos que animaban la orgía de muerte en la que desmembraban, torturaban, violaban, apaleaban, ahorcaban, enardecidos por los gritos de las víctimas mientras se emborrachaban con el licor robado de las tiendas del pueblo.

Desde la semana pasada han comenzado a recibir panfletos de Las águilas negras con fotos de los líderes comunitarios exigiéndoles que se vayan porque van a «limpiar la comunidad de esta plaga de gente…no respondemos por hermanos, ni padres ni madres ni por la familia de cada uno de los bandidos que están en este listado. O se van o se mueren. Están ubicados” pero los pobladores están dispuestos a permanecer en sus casas, se niegan a un segundo desplazamiento y por eso han hecho públicas las amenazas y exigen protección a las autoridades.

Tienen toda la razón y el derecho en sus exigencias: tanto los paramilitares, de quienes las Águilas Negras parecen ser residuos, como los guerrilleros de cuya pertenencia acusan a los líderes sociales, se desmovilizaron mediante sendos procesos de paz (2.004 y 2017 respectivamente) y en ambos el gobierno se comprometió a garantizar tanto la vida de los desmovilizados como la protección de las comunidades  donde habían actuado esos grupos armados.

Pero el Estado no ha sabido responder. Ya van por lo menos 224 ex guerrilleros de las Farc asesinados luego de la firma del acuerdo de paz entre esa guerrilla y el Estado colombiano. Dolorosamente, esa cifra es provisional porque cada día se conoce la noticia del asesinato de otro desmovilizad que se dedicaba a trabajar en su proyecto productivo de acuerdo con lo pactado. De ninguno de ellos se ha podido decir que estuviera vinculado de nuevo con grupos armados. Por el contrario, a pesar de los incumplimientos del gobierno y de sus incesantes intentos por socavar el proceso de paz y de los problemas internos que los aquejan, el partido político de los antiguos guerrilleros se mantiene aprendiendo a caminar por las sendas de nuestra imperfecta democracia siempre preferible a la guerra perfecta.

En cuanto a los paramilitares desmovilizados, desde el mismo comienzo se supo que se habían conformado grupos de sus antiguos miembros que continuaban delinquiendo bajo varias denominaciones y se mantienen hasta el día de hoy. Uno de esos es el de las Águilas Negras que amenazan a los habitantes de El Salado, pero no alcanzamos a grabar los nombres de todos porque cada día aparecen nuevos, se reproducen como hongos: bandas criminales (bacrim) Grupos Armados Organizados (GAO). Al parecer su único denominador común es el narcotráfico y las comunidades negras e indígenas que tienen la mala suerte de estar situadas en sus rutas están bajo su fuego permanente y cada día aportan una víctima más a esta guerra absurda.

De las Farc también se han desprendido grupos que al parecer se dedican al narcotráfico pero esos se conocen como disidencias y están identificadas y está también el de Iván Márquez y Santrich del que no se conocen acciones ni políticas ni armadas que nos ilustren sobre la forma como van a construir la Nueva Marquetalia que anunciaron cuando se rearmaron.

De todos esos grupos se conocen las zonas en que actúan; en todas ellas hay instalaciones militares que podrían brindarles protección a quienes nuevamente viven en la zozobra de las amenazas, así que no es una petición descabellada la que hacen las comunidades al gobierno bajo cuya dirección política debe actuar la fuerza pública.

Aunque puede decirse que en general las masacres han sido tragedias anunciadas esperamos que esta vez el gobierno actúe para evitar la re victimización de esta comunidad que hoy, a pesar de su abandono, confía en su protección.  

Por Zheger Hay Harb