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La Corte Suprema de Estados Unidos restableció una regulación destinada a frenar la proliferación de pistolas fantasma, armas de fuego sin número de serie que han aparecido en cantidades cada vez mayores en las escenas del crimen en todo el país.
La Corte votó el martes 5-4 para suspender un fallo de un juez federal en Texas que invalidó la regulación de la administración Biden de kits de armas fantasma. La regulación estará vigente mientras la administración apela el fallo ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU en Nueva Orleans, y posiblemente ante la Corte Suprema.
Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas habrían mantenido la regulación en suspenso durante el proceso de apelación.
El Departamento de Justicia le había dicho al tribunal que las agencias policiales locales incautaron más de 19 mil armas fantasma en escenas del crimen en 2021, un aumento de más de 10 veces en sólo cinco años.
“Los intereses de seguridad pública en revertir el flujo de armas fantasma a personas peligrosas y prohibidas superan fácilmente los costos menores en los que incurrirán los encuestados”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar, la principal abogada de la Corte Suprema de la administración, en un expediente judicial.
La nueva regla se emitió el año pasado y cambió la definición de arma de fuego según la ley federal para incluir partes sin terminar, como el marco de una pistola o el receptor de un arma larga, para que puedan rastrearse más fácilmente. Esas piezas deben tener licencia e incluir números de serie.
Los fabricantes también deben realizar verificaciones de antecedentes antes de una venta, como lo hacen con otras armas de fuego fabricadas comercialmente. El requisito se aplica independientemente de cómo se haya fabricado el dispositivo, lo que significa que incluye pistolas fantasma fabricadas con piezas o kits individuales o con impresoras 3D.
La regla no prohíbe que las personas compren un kit o cualquier tipo de arma de fuego.
Los abogados de personas, empresas y grupos de defensa que impugnaron la regla le dijeron a la Corte Suprema que O'Connor tenía razón y que la ATF se había apartado de más de 50 años de práctica regulatoria al expandir la definición de arma de fuego.
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