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En lo que va del año la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal ha atendido siete casos de trabajo infantil en la Campeche, de los que cinco están en proceso de iniciar un plan de restitución de derechos con recomendaciones para que los padres adquieran mayores habilidades parentales, con atención psicológica y recomendaciones para mejorar las prácticas familiares.
Mientras que los dos casos restantes son adolescentes provenientes de Chiapas, que están por regresar con sus familias luego de que se les aplicara un diagnóstico en el que no se detectó signos de explotación laboral, daño emocional y descuido.
El titular del área, Fernando Oseguera, aclaró que en la Procuraduría no se cuenta con las cifras exactas sobre este tema, porque no las genera, sino que se basa en los datos que emiten fuentes oficiales como el INEGI, por lo que la última encuesta nacional de trabajo infantil es la del 2019 que fue publicada en 2020 y muestra una tendencia a la baja de esta situación en Campeche.
No obstante, destacó que en busca de atender este asunto desde todos los sectores y competencias, a partir del año pasado de manera interinstitucional, se han realizado diagnósticos y criterios sobre el trabajo infantil en Campeche, principalmente en los sectores turísticos de la ciudad. Para ello, se instalaron dos comisiones preventivas, la federal y la estatal, que trabajan de manera conjunta con la Comisión de Derechos Humanos, así como el Sistema Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, así como el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Salud y la dirección del trabajo, quienes llevan a cabo estrategias, cada una dentro de sus competencias.
Pormenorizó que se atienden casos de familias mexicanas en condiciones de movilidad, por ejemplo, que provienen de Chiapas o de Oaxaca, quienes se instalan por temporadas en Campeche, situación que complica un poco dar seguimiento a los casos que son reportados ante la Procuraduría de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes o llegar a planes de restitución de derechos. No obstante, indicó que en el momento en el que son ubicados se les aborda y se inicia el procedimiento, pero después cambian de lugar.
Añadió que también se debe tener especial cuidado cuando se trata de sectores vulnerables protegidos por la misma ley, como en el caso de niños que forman parte de comunidades indígenas, donde el trabajo forma parte de usos y costumbres muy arraigadas, de tal manera que lo que se hace en estos casos es buscar capacitar a las familias, exhortarlas para que sus hijos tengan acceso a la educación, a la salud, al esparcimiento y demás derechos.
Agregó que se realizan diagnósticos especializados para saber la situación en la que se encuentran estos menores tanto en el tema emocional como en las condiciones de salud, educación y nutrición, a fin de tomar las medidas necesarias de acuerdo al caso, ya que también se debe tener cuidado en no castigar la pobreza. Agregó que existen menores que no necesariamente se encuentran en condiciones de trabajo, sino que acompañan a sus padres en su actividad económica porque no tienen con quién dejarlos, por ejemplo, cuando se trata de vendedores ambulantes, pero que esos menores cuentan con protección, alimentación y escuela.
Expuso que los derechos que mayormente se vulneran con el trabajo infantil es el acceso a la educación, a la salud y al esparcimiento, por lo que son los principales factores que la Procuraduría en cuestión de protección a la niñez tiene que revisar.
Ejemplificó que actualmente tienen detectado el caso de un niño y dos niñas que acompañan a sus padres, quienes se ubican en zonas como la avenida Central y la avenida Colosio, así como frente a la UAC. Añadió que tienen varios reportes por parte incluso de ciudadanos, donde se presume que los menores no acuden a la escuela, sin embargo, aunque se le ha hecho el exhorto al padre para que los presente, se ha negado a hacerlo, además de que se ha mostrado agresivo con los trabajadores sociales a quienes insulta e incluso ha sacado un machete.
Por lo anterior, ya cuenta con una solicitud de presentación en la Fiscalía, mientras que el área a su cargo hace recorridos para que en las medidas de lo posible y sin violar sus derechos humanos, puedan acercarse para conocer las condiciones en las que se encuentran esos menores.
En el mismo sentido, expuso que el último recurso por parte del DIF es solicitar una medida de protección urgente que implicaría la separación de la familia, pero son medidas que se deben tomar en casos extremos.
“Ante la exposición al peligro en los cruceros, lo más probable en este caso es que se tenga que tomar una medida urgente de ingresarlos a un centro asistencial para poderlos diagnosticar, para ver en qué estado emocional se encuentran estos pequeños, en qué grado nutricional, incorporarlos a un sistema educativo, pero sobre todo para ver en qué condiciones se encuentran los papás, en qué condiciones emocionales, si consumen drogas e investigar la familia extensa que tengan”, agregó.
Añadió que los otros dos casos se tratan de adolescentes de origen indígena provenientes de Chiapas, detectados en el Centro Histórico de la ciudad, quienes están por retornar con sus familias luego de que se les realizó el diagnóstico y no encontraron daño emocional por su situación, tampoco descuido, y por el contrario, se observó protección por parte de su madre.
Agregó que en su comunidad dejaron de ir a la escuela y se desplazaron a Campeche, pero como se encuentran en una etapa de adolescencia, son ellos quienes niegan a retornar a la institución educativa, por lo que también se tiene que respetar su derecho a la participación, a ser escuchado y a decidir.
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LV
