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El Fiscal de Campeche, Renato Sales, informó que cinco de los 38 detenidos por irrumpir con piedras y palos en el Congreso local fueron enviados al Cereso de Kobén

Cinco personas involucradas en el enfrentamiento contra elementos uniformados de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron trasladadas al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, por delitos de vandalismo, daño a propiedad ajena, amenazas, así como lesiones, confirmó el Fiscal General del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia.

El titular de la institución persecutora de los delitos confirmó que las cinco personas que fueron remitidas al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, han sido acusados de los delitos previamente señalados, por lo que están a la espera de comparecer ante el Juez de Control, para definir su grado de participación en los hechos acontecidos el pasado 31 de octubre.

En total, fueron 38 personas las detenidas en el conato de bronca registrado al interior de las oficinas legislativas, que posteriormente llevaron a las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

Luego de que los agentes investigadores realizaran la toma de la declaración de los asegurados, 33 de este grupo de personas fueron liberados durante la madrugada y parte de la mañana de este jueves dos de noviembre, sin embargo, cinco de ellos fueron trasladados al Cereso de San Francisco Kobén.

Los cinco detenidos fueron identificados como Cynthia “N”, presunta coordinadora Distrital de Morena; Alfredo “N”, presunto familiar de la diputada Landy Velázquez May; y Uzziel “N”, señalado como asistente de la diputada Violeta Bolaños Rodríguez.

Además de Enrique L.A y Gloria “N”, que fueron identificados como dos de los cuatro consejeros nacionales de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que corresponden al municipio de Carmen.

Cabe recordar, que el pasado martes por la madrugada un grupo de por lo menos 60 personas provenientes de Carmen, acudieron a las oficinas administrativas del Congreso Local para exigir que Alejandro Gómez Cazarín no sea removido como presidente de la Junta de Gobierno y Administración.

Situación que derivó en un enfrentamiento entre los carmelitas contra elementos policiacos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que arrojó como saldo la detención de 38 personas, entre ellas tres diputadas de Morena.

En el mismo sentido, las diputadas guinda Landy Velázquez May, Idalí Sosa Huchín y Violeta Baños Rodríguez, podrían ser investigadas por su participación y nexo con los hechos ocurridos durante la incursión realizada el martes por la madrugada a las oficinas legislativas.

Toda vez que, desde el 2016, fue modificado el artículo 54 en la fracción 24 de la Constitución Política del Estado de Campeche, para eliminar la entonces conocida como ‘inmunidad parlamentaria’, ya que hasta aquel año, todos los integrantes del servicio público, es decir, alcaldes, diputados, gobernadores e incluso funcionarios, no podían ser requeridos por alguna autoridad judicial.

Ahora, sin la protección del cargo que les daba ser diputados, los involucrados en el conflicto registrado en las oficinas legislativas podrían ser investigadas por las autoridades ministeriales, para identificar el grado de participación que tendrían en el hecho.

Sigue acordonado

Asimismo, por tercer día consecutivo, tanto las oficinas legislativas, como la Sala de Sesión del Congreso Local, continúan bajo resguardo de los elementos policiacos, así como del Ministerio Público, luego del enfrentamiento registrado el martes pasado.

Al respecto, fue el primer vocal de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Paul Arce Ontiveros, quien reconoció que ninguna autoridad administrativa o la presidencia del Poder Legislativo, han hecho de conocimiento del personal qué ocurre en torno al caso de agresiones y vandalismo.

“Hasta el momento no se nos ha avisado de nada, lo poco o mucho que sabemos es por los medios, esto se tiene que investigar para ver cuál es el fin de este ataque; más allá de los daños, estas personas llegaron al lugar cuando se daba la revisión de las cuentas y la documentación”, dijo Arce.

Afirmó que al no contar con fuero que las proteja, las diputadas pueden ser requeridas por el Ministerio Público para que expongan cuál fue el motivo de llegar con el grupo de ciudadanos que ingresó indebidamente a las oficinas legislativas, así como determinar si forman parte de los actores materiales o intelectuales del hecho.

Generaría parálisis: Ortiz

En el mismo sentido, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Ortiz Lanz, consideró que la confrontación que existe entre los integrantes del grupo parlamentario Morena puede generar una parálisis legislativa que afecte del desempeño del Congreso del Estado.

Añadió que de no haber más conflictos puede ser el momento para designar a los titulares de la Secretaría General y del Órgano Interno de Control, ya que la anterior presidencia de la Junta de Coordinación Política lo impidió, por lo que sólo hay encargados de despacho que no tienen el perfil para el cargo público.

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LV 

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