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Escrito por Wilbert Casanova
En el 2016, los 120 posesionarios de las 530 hectáreas de El Porvenir, en la comunidad de Hobomó, fueron retirados por elementos policíacos sin que mediara orden desalojo de algún juez; a cinco años del suceso, acusan al exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, ya que argumentan que era la única persona que podía ordenar a las fuerzas de seguridad que procedieran sin sustento jurídico, sostuvo Francisco Javier Crisanty Rosado.
Hijo de uno de los posesionarios, Crisanty Rosado, señaló que en la reunión del domingo 27 de febrero, las 50 personas que regresaron a ver las condiciones de la superficie que habitan desde el 2008, coincidieron en que la única persona con poder de decisión para cometer la arbitrariedad de desalojarlos, en ese año, era el exmandatario estatal.
Recordó que esta casa editorial le dio cobertura al desalojo que sufrieron, por lo que ahora esperan justicia con el cambio de Gobierno del Estado y aclaren la situación irregular que padecen desde hace cinco años.
Explicó que en el transcurso de este proceso aparecieron supuestos dueños de las 530 hectáreas donde están asentados, sin embargo, los asesores jurídicos de dichas personas, no acreditaron ante el juez la legalidad de los terrenos e incluso unos no tenían ni la personalidad profesional para ostentarse como abogados.
Con el cambio de administración estatal, añadió que decidieron retornar a los terrenos, donde constituyeron la Unión Agrícola y Ganadera “El Porvenir” para actividades productivas, sin embargo, cuestionó que vuelvan a aparecer elementos policíacos, como una especie de hostigamiento, con el argumento de denuncias ciudadanas de presuntas actividades ilícitas en estos terrenos.
Añadió que ya les dijeron, a los agentes policíacos, que cuentan con los documentos que acreditan que son posesionarios legales.
Demandó que también procedan las denuncias interpuestas en contra de los elementos judiciales y policíacos que participaron en el desalojo de abril del 2016 por los destrozos de las viviendas y árboles frutales, así como de la apropiación de animales de traspatio que criaban: pavos, gallinas, vacas, becerros junto con cultivos de limón persa, entre otros, que les generó un quebranto por más de 2 millones de pesos, que esperan recuperar sí la Fiscalía General del Estado comienza las indagatorias detenidas todos estos años.
Afirmó que lo único que desean es justicia, ya que comprobaron que intentan apoderarse de la superficie de forma ilegal debido a que los supuestos tres propietarios no demostraron contar con la documentación que los acredite.
De las 120 personas que integraban la Unión, consideró que al menos 50 presentaron denuncias por los daños registrados.
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JG
