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Los votos en Yucatán para elegir Gobernador son más caros que el promedio para esta elección en las otras entidades que tendrán comicios estatales: mientras aquí se pagan 250.7 pesos por cada sufragio, en costo promedio nacional de las entidades donde habrá comicios para jefe del Ejecutivo es de 221.1 pesos, en 2024.
Este“precio por sufragio” en Yucatán lo coloca como el tercer Estado con mayor gasto por votante, solo por debajo de la Ciudad de México (266.7 pesos) y Chiapas (290 pesos). Las otras cuatro Entidades con elección para gobernador gastarán entre 221 y 241 pesos por elector: Tabasco, 242.2 pesos; Jalisco, 222.7 pesos; Morelos, 220.7 pesos; Veracruz, 207.4 pesos; Guanajuato, 203.8; y Puebla, 82.1 pesos.
De acuerdo con un análisis de los presupuestos de los institutos electorales versus número de votantes, Yucatán está casi 15 por ciento (14.95) por encima de la media nacional; a pesar de este alto costo, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac) ha solicitado una ampliación de 56 millones de pesos, sin importar que la Entidad sea una de las que menos cantidad de electores tiene y que el Congreso del Estado le autorizó para su ejercicio 436 millones de pesos.
De hecho, la diferencia en el número de electores entre Yucatán, con 1.7 millones, y la Ciudad de México, con 7.8 millones, es indicio de que Yucatán está gastando en exceso los recursos y los gestiona de manera ineficiente.
Otro componente oneroso es el sistema de resultados preliminares (PREP): mientras en Yucatán el tope del costo es de 40 millones de pesos, en elecciones recientes Baja California, el gasto fue de 35 millones; en Hidalgo, 28 millones; y Campeche, 22 millones.
Ante este panorama de altos costos electorales, el consejero presidente del Iepac de Yucatán, Moisés Bates Aguilar, ha declarado que buscarán transparentar los procesos de adjudicación y obtener los mejores precios.
Del presupuesto autorizado, más de 102 millones de pesos se concentran en servicios generales, materiales y suministros, excluyendo el financiamiento a partidos políticos. Esta cifra supera los 91.2 millones ejercidos para el proceso electoral de 2021 en plena pandemia.
Uno de los principales gastos es la impresión de boletas electorales, que en Yucatán ascenderá a 580.4 millones de pesos. A nivel federal, el INE pagará 1.6 pesos por cada una de las 580 millones de papeletas que se imprimirán en Talleres Gráficos de México.
Los costos varían por entidad según el número de posibles votantes: en Nuevo León, una papeleta costará 11.71 pesos (elección 2024); en Morelos, 2.41 pesos (2021); en Michoacán, 2.40 pesos (2024) y el más barato, 1.15 pesos para los comicios de Durango (2021).
Evidentemente, estos números comparativos exhiben al Iepac como un órgano con un gasto elevado y evidencian su incapacidad para buscar las mejores opciones. Según se desprende de esta revisión con datos públicos y disponibles para cualquier persona, el organismo electoral local debe realizar una revisión a fondo de su estructura y procesos para reducir su gasto operativo y administrativo, a fin de optimizar recursos públicos.
Una vía sería aprovechar más las tecnologías de la información para volver más eficientes trámites como la credencialización, la capacitación electoral o la logística. También se podría racionalizar el personal eventual contratado para cada proceso electoral.
Asimismo, se debe garantizar absoluta transparencia, realizando licitaciones competitivas y evitando adjudicaciones directas que encarecen los costos. Solo así se logrará que Yucatán deje de estar entre los tres estados con mayor gasto por votante del país.
Sin embargo, sus propias sesiones del consejo, unas de tipo mixtas y otras presenciales, son las menos transparentes: los puntos de acuerdo de las comisiones no son leídas por completo en el pleno y se aprueban sin que el público que acude o que lo sigue vía web, pueda tener materia esencial para analizar las acciones de los consejeros.
La falta de publicidad de sesiones, actas, documentos aprobados e informes en la página web institucional de la entidad electoral puede derivar en una irresponsabilidad y un incumplimiento del derecho a la información por parte de una entidad que recibe recursos públicos y está sujeta a fiscalización. Este hecho limita el acceso de la sociedad a información relevante sobre las acciones del consejo electoral.
La práctica de reproducir únicamente la carátula de la agenda del día en los materiales informativos, sin ofrecer detalles adicionales, podría indicar una falta de transparencia y de proporcionar información detallada sobre las actividades y decisiones del consejo electoral. Este enfoque limitado podría no cumplir con las expectativas de transparencia y rendición de cuentas que se esperan de una entidad que juega un papel de trascendencia en los procesos electorales.
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JG
