Tribunal Agrario ordena a Kekén regresarle 158 hectáreas de tierra a los ejidatarios de Celestún

El Tribunal Unitario Agrario ordenó a la empresa Kekén, del Grupo Porcícola Mexicano, SA de CV, la restitución de poco más de 158 hectáreas al ejido de Celestún, superficie en litigio desde 2018 y que forma parte de las mil 400 hectáreas reclamadas por los comuneros del puerto, pero cuya propiedad no pudieron rescatar.

Originalmente, Kekén demandó al ejido, para quedarse con las tierras, pero el fallo no les fue favorable. Según los expedientes TUA-34-664-2018 y TUA-922-2018, el litigio abarca una superficie aún mayor, pero una parte sí fue cedida y registrada ante las autoridades correspondientes, por lo cual solo procedió la restitución de las hectáreas que habían quedado en un traslape de delimitación de terrenos y que corresponden a tierras nacionales que nunca fueron enajenadas en alguna asamblea.

En la resolución del magistrado José Lenín Rivera Uribe, con fecha 26 de enero, se le ordena a la empresa que desocupe la zona en un plazo de 10 días contados a partir de la notificación correspondiente. Se le advierte a Kekén que, de no hacerlo de manera voluntaria, la autoridad tomará las medidas necesarias para que cumpla, es decir, ante una rebeldía, ordenaría la ejecución “forzosa” del mandato por conducto de la adscripción del actuario. Es más, se apoyaría con el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras, de conformidad con los artículos 191, 420 y 421, fracción IV del supletorio del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La autoridad conminó a Kekén para que, una vez hecha la entrega correspondiente, se abstenga de perturbar a los ejidatarios para intentar recuperar la posesión de las superficies mencionadas. Además, una vez que la empresa entregue y cumpla con la orden del juez, se le debe remitir copia certificada del fallo a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) en el Estado de Yucatán, un paso necesario para que proceda a su inscripción y realice las anotaciones correspondientes, especialmente en lo referente a la asamblea de asignación de tierras cuya nulidad fue decretada.

Otra indicación del juez es que el RAN, además de tomar nota del cumplimiento de la orden y registrarlo en sus documentos, también debe proceder a la inscripción y reasignación de las tierras ejidales. También, deberá modificarse el plano interno del ejido de Celestún, tomando como base las medidas y colindancias que se aprecian en el plano resultante del proceso, junto con las pruebas periciales y topográficas.

Adicionalmente, se ordena remitir copia certificada de la sentencia y los planos resultantes de la ejecución al RAN, al Registro del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán y al Catastro Municipal de Mérida. Se destaca en mayúsculas el término “CÚMPLASE”.

Con esta decisión, la ambición de Kekén, acusada de contaminar el medio ambiente con sus megagranjas porcícolas, sufrió un severo golpe, pues había emprendido un litigio desde hace cinco años y medio en el que estaba en juego la nulidad de la asamblea del 29 de agosto de 1999, en la cual obtuvo una parte considerable de esas tierras. La demanda fue iniciada por empresa porcícola el 15 de junio de 2018, con la clara intención de aprovecharse de los ejidatarios de Celestún para adueñarse de esas más de 158 hectáreas con el propósito de ampliar sus instalaciones.

POR ESTO!, acudió a Celestún en meses pasados y confirmó que cerca de los límites de la carretera a Chunchucmil, donde la empresa pretendía adueñarse de las tierras, existe una valiosa fauna y flora que sería aniquilada para que Kekén ampliara su contaminante negocio de cría de cerdos y deforestara la zona.

En la fecha mencionada, el apoderado legal de Kekén, Guadalupe Córdova Perera, demandó al núcleo agrario Celestún, pero la estrategia le salió mal. Como parte del procedimiento del juicio, se tuvo que revisar los planos de resolución presidencial del 1 de octubre de 1937 y la del 10 de mayo de 1939, relacionados con el decreto de dotación de tierras ejidales.

El apoderado legal intentó en varias ocasiones, según los trámites y citas de conciliación, afirmar que tenía los documentos de las diversas fracciones de propiedad que a lo largo de varios años la empresa se había hecho mediante asambleas amañadas.

Pero la asamblea más importante fue la del 29 de agosto de 1999, la cual no pudo revertir. Al contrario, los ejidatarios demostraron la nulidad de esa reunión, ya que el juez detectó serias anomalías en las cláusulas de compra venta, incluyendo la exclusividad.

El primer fallo, favorable a los ejidatarios, motivó que Kekén acudiera a una segunda instancia. Se integraron dos expedientes de juicio de amparo indirectos 1808/2019-IV y 1181/2019, que recayeron en el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa. Las audiencias continuaron hasta el 7 de enero de 2022 con nuevos apoderados de Kekén, pero el juzgador de esa instancia ratificó el primer fallo. A pesar de esto, la empresa volvió a inconformarse.

Finalmente, el 23 de octubre de 2023, se recurrió a la participación de 4 topógrafos, quienes delimitaron la zona en traslape, concluyendo que se trataba en definitiva de 158-21-56 hectáreas.

Asimismo, se declaró la nulidad de la asamblea del 29 de agosto de 1999 y se determinó que en el acta no se hallaban los terrenos disputados por Kekén. Al fallar definitivamente, el juez canceló toda posibilidad para la empresa de continuar en el litigio.

Kekén enfrenta varias acusaciones serias por contaminación ambiental. Ha sido denunciado que las descargas irregulares de desechos de las granjas de cerdo son dañinas para los mantos freáticos, milpas, cenotes y ojos de agua y afectan comunidades y especies endémicas. Activistas han señalado que las autoridades ecológicas están a “disposición de la compañía”, la cual opera sin respeto al medio ambiente.

Un informe de Greenpeace advirtió sobre los graves impactos negativos ambientales y sociales de la industria porcícola, revelando diversas irregularidades de las granjas porcícolas, incluyendo la construcción y operación de plantas productoras en zonas naturales protegidas y la contaminación por la constante exposición de la carga orgánica proveniente de sus granjas.

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NM