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La comisaría de Santa María Chi dio un gran paso en su lucha por librarse de la contaminación de la granja de cerdos que es aparcera de los grupos porcícolas Kekén y San Gerardo: tras más de medio año de montar un campamento de vigilancia, los pobladores lograron clausurar la entrada del complejo dentro de su comunidad.
El comisario Wilberth Nahuat Puc informó del cierre provisional de todo el negocio, por lo que actualmente ninguna de las áreas está operando, gracias aún amparo a favor de 30 niños y adolescentes de la comunidad -tramitado por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en contra de falta de respuesta de las Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Desarrollo Sustentable (SDS), pero también de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Ayuntamiento de Mérida, pues ninguna de estas autoridades hizo caso del llamado de los habitantes, quienes padecen daños respiratorios por las humaredas y fuertes olores que han respirado por años y que se agravó en meses recientes.
Los pobladores también se quejaron de la calidad de su agua, que se ha visto seriamente comprometida en varios pozos y fue catalogada por especialistas como “no apta para consumo humano” de cualquier índole, pues ni siquiera sirve para regar, ya que las plantas se marchitan si se usa.
La Jueza Cuarta de Distrito en Mérida, Yucatán, la admitió (demanda de amparo) y concedió la suspensión provisional para efecto de que “las autoridades responsables en el ámbito de su competencia ordenen la inmediata paralización de operaciones” de la granja de cerdos denominada “Granja Porcícola Santa María”, que alberga unos 42 mil cerdos, desde hace 30 años aproximadamente.
La decisión legal implica detener la introducción de más cerdos al complejo, por lo que los pobladores de Santa María se mantienen mucho más vigilantes para corroborar que se cumpla con el paro solicitado, pues aun cuando había sellos de “clausurado” en la entrada de la granja, los camiones siguieron entrando y saliendo. Ayer pudo apreciarse el constante tránsito de camiones en el interior de la granja, limitándose a sacar a los cerdos del lugar.
El comisario de Santa María Chi recordó que están sobre la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, además de que alrededor se ubican otros lugares ecosistémicos que brindan diversos servicios ambientales, tal es el caso de la aguada de Sitpach, y los cenotes Xpuchil y Altillo, que se han visto afectados por la granja porcíciola.
La Jueza Federal reconoció “el interés legítimo de los niños y adolescentes” para reclamar la suspensión de la granja porcícola, ya que esta afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico.
Fue enfática al señalar que “existe un peligro inminente de que, al continuar ejecutándose el acto reclamado, se provoquen perjuicios de difícil reparación”, reconociendo que “es sabido que establecimientos de este tipo generan un fuerte impacto ambiental”.
“Ello genera la presunción de que existe un riesgo inminente de afectación al medio ambiente y desequilibrio ecológico grave”.
La determinación provisional fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito con sede en Mérida, el pasado 6 de diciembre.
Nahuat Puc compartió que el día 18 se llevará al cabo la audiencia incidental en la que la Jueza definirá si mantiene la suspensión definitiva, mientras se resuelve el amparo presentado por el riesgo que representa la granja a la infancia de Santa María Chi.
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LV