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Pese a los registros de muertes por gas natural, el Ayuntamiento de Mérida y la empresa encargada en su instalación no dan vuelta atrás

La empresa Engie omitió informar en su solicitud al Ayuntamiento de Mérida que hasta 2017, año en el que realizaron el trámite, más del 30 por ciento de los accidentes ocurridos en el país en las redes de distribución de gas natural, se debieron a errores derivados de los trabajos de excavación, además de no realizar los estudios de riesgo requeridos.

De hecho, la peligrosidad para la población sigue siendo muy alta en los sitios donde se instalan gasoductos y más cuando se trata del servicio doméstico, como sucede en Mérida, como se detalla en el Prontuario Estadístico de la Secretaría de Energía, la actividad no ha quedado exenta de riesgo, pues durante 2023 se documentaron mil 234 incidentes en los ductos terrestres de gas natural en el país, reflejando un incremento del 12.5 por ciento en comparación con el año anterior. 

Como consecuencia, estos eventos resultaron en la pérdida de 23 vidas y dejaron a 57 personas heridas. Además, se produjeron daños materiales y ambientales significativos, siendo las fugas, explosiones y sabotajes las principales causas de dichos incidentes.

De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos años se han registrado cada vez más incidentes en ductos de gas natural que han cobrado vidas y generado daños. Expertos advierten que, sin los cuidados necesarios, estos ductos instalados de manera negligente podrían convertirse en una bomba de tiempo.

Pero para la empresa Engie y el Ayuntamiento de Mérida, presidido por Renán Barrera Concha, estos datos concretos no fueron tomados en cuenta al evaluar la planeación, ni siquiera por asomo. De 1998 a 2017, más del 30 por ciento de las causas de accidentes en distribución de gas natural sucedieron por negligencia y por acciones relacionadas con accidentes.

POR ESTO! tuvo acceso al expediente del amparo directo (332/2021-VII) promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito por vecinos de la colonia San Damián: Silvia Patricia Reyes Gómez, Manuel Jesús Reyes Gómez y Gabriela Eugenia Reyes Gómez, y respaldado por otros afectados de García Ginerés, Pensiones y parte de la Roma, donde se revela la negligencia en que incurrieron las autoridades, pues Engie no respetó la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni las condiciones de la Secretaría de Energía.

En primer lugar, cuando publicaron los extractos del proyecto nunca especificaron dónde se haría la instalación de tuberías, pues fue ambiguo al mencionar el periférico Manuel Berzunza y la Termoeléctrica, citando un predio sin dirección precisa. Luego, al realizar la introducción de tuberías, lo hicieron en colonias y fraccionamientos con alta densidad poblacional, colocando a los vecinos ante un riesgo inminente de explosión que cobraría cientos de vidas.

Las autoridades municipales debieron revisar el Estudio de Riesgo Ambiental en su modalidad de ductos terrestres, que evalúa los posibles escenarios de accidentes, acorde con la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016.

En el juicio de amparo directo revisado, hay evidencia de que Engie conocía la peligrosidad de establecer ductos en sitios no autorizados por el Programa de Desarrollo Urbano de Mérida, tal como ha exhibido POR ESTO! También los funcionarios del Ayuntamiento tenían conocimiento, sobre todo de Desarrollo Urbano, con profesionales en arquitectura y desarrollo urbano y ambiental.

Así, más del 30 por ciento de las causas de accidentes en distribución de gas natural del periodo 1998-2017 fue por “daños por excavación”, según el propio estudio de riesgo presentado en la MIA.

Estos niveles de accidentes con gas natural no sólo se registran en México ni están referenciados únicamente en el documento original del proyecto, sino que también ocurren en Estados Unidos, es decir, suelen ser comunes y difícilmente pasan inadvertidos.

En una tabla revisada por el juez, se indica que de 2005 a 2023, el transporte de gas natural ha ocasionado 146 muertes en el país. Además, se reportan 21 muertes industriales y 570 lesiones públicas, demostrando que esta actividad causa daños humanos, respaldado por el reporte de la Administración de Seguridad de Tuberías y Materiales Peligrosos (Phmsa).

El amparo directo se promovió contra la acción del Ayuntamiento que autorizó las obras. Los permisos otorgados posibilitaron la introducción de riesgos en zonas urbanas de alta densidad, como ha demostrado POR ESTO! De ahí que se observa una posible colusión entre Barrera Concha y la empresa, que autorizó obras bajo engaño de que eran de “agua potable”. 

En México, hasta 2017, se registran 286 incidentes: 37.7 por ciento por corrosión, 20.9 por ciento por fallas mecánicas, 19.5 por ciento por errores humanos/operativos, 8.4 por ciento por peligros naturales, 6.9 por ciento por fallos de equipo. Del total, 37.5 por ciento fueron por actividades de terceros, 20.7 por ciento por corrosión y 8.4 por ciento por fallos operativos, según el propio estudio de riesgo.

Según este, se advierten 31 casos por corrosión, 45 por falla de equipo, 36 por fuerza natural, 100 por daños externos, 76 por operación incorrecta, 155 por “todas las demás” y 205 por excavación. En total, 648 casos. 

Por tanto, sería negligente autorizar la introducción de gas natural con fines domésticos y comerciales en zonas habitacionales, cuando los antecedentes demuestran que las afectaciones implican costos de hasta 187 millones 498 mil 499 pesos.

Además, los ductos podrían generar fugas concentradas bajo tierra, aumentando la posibilidad de explosión y poniendo en riesgo a miles de personas.

Quedó demostrado que el gas natural es un material peligroso que puede causar explosiones, incendios, fugas, intoxicaciones y daños, como evidencian los estudios y reportes en México y Estados Unidos.

Desde su operación a finales de 2021, el gasoducto de Engie en San Damián, García Ginerés y Pensiones ha generado preocupación entre los miles de vecinos a lo largo de sus 10 km. Esta obra no fue consultada vulnerando derechos. Sabiendo que era peligroso, los constructores enarbolaban el permiso del Ayuntamiento. 

Ante el hermetismo, vecinos han exigido mayor transparencia y precaución.

La seguridad del gasoducto y de las familias merece máxima prioridad. Solo con evaluaciones técnicas, protocolos, monitoreo y comunicación podrán disiparse las legítimas dudas y mitigarse los riesgos.

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LV 

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