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El Ayuntamiento de Renán Barrera debe pagar los 588.7 millones de pesos que le ordenó un juzgado federal por el retiro arbitrario de luminarias en su primera administración, según dictaminó un Juez: el regidor Gabriel Barragán subrayó que esta orden judicial es vinculante para los 18 regidores y la Secretaría de Finanzas estatal. Es cosa juzgada.
Recordó que el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en la Ciudad de México, notificó al Ayuntamiento de Mérida y notificó a los 18 regidores y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno para que se proceda al pago de los 588.7 millones de pesos.
“Ya es cosa juzgada, lo tiene que pagar. Lo que está peleando Renán Barrera es una propuesta que se hizo en enero de 2019, de pagar esta deuda con los recursos adicionales captados cada año por 20 millones anuales, de manera tal que la deuda terminaría de pagarse en 19 años”, agregó.
Por lo que durante la sesión de Cabildo del pasado 24 de julio, el Alcalde se vio en la necesidad de notificar sobre el contenido de esta ejecutoria 920/2021 para que se pagara el adeudo, pero los regidores de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es una cuestión juzgada y solo tiene que hacer el pago sin afectar los servicios públicos.
Al menos en esta administración, en 2021 se dejó de ejercer 610 millones de pesos y la mayoría del Cabildo lo pasó al presupuesto de 2022. Nuevamente, sucedió lo mismo con lo que sobró de ejercer en 2022, que fueron mil 470 millones que no se usaron y los pasó para el ejercicio de 2023.
En dos ejercicios concluidos, le han sobrado dos mil millones de pesos y los ha incorporado al presupuesto siguiente, y el saldo actual de recursos propios, al 31 de julio, en cuentas bancarias es de mil 500 millones de pesos no ejercidos.
“Entonces hay que cumplir con el mandato del juez, hay el dinero. Se puede hacer una transferencia presupuestal, incluso propusimos que se hagan una serie de transferencias donde hay dinero de sobra, por ejemplo, en servicios profesionales y técnicos, donde está la nómina de honorarios, en servicios de publicidad, en servicios oficiales, en una serie de servicios que no repercuten en la ciudad”, expuso.
Finalmente, hay que dejar en claro que esta decisión del juez fue basada en una acción de cancelar ilegalmente un contrato de luminaria. Eso llevó varios años, lo hizo mal, por eso es caso juzgado, y pagar.
“Esa decisión y esa ‘pateada de lata’ ya le ha costado al pueblo de Mérida poco más de 400 millones de pesos. Si antes de discutir la decisión de dejar de pagar de forma unilateral, ahora lo que tiene que hacer es pagar. Esto demostró que Renán hizo mal las cosas, que actuó de manera ilegal y la sentencia lo confirma.
Entonces, ¿para qué seguir esperando que las siguientes administraciones paguen si lo está exigiendo un juez? Pues hay que tomar al toro por los cuernos, aseveró el Regidor.
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GC
