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Escrito por Edwin Farfán Cervantes
El Juez de control Kenny Martins Burgos Salazar difirió la audiencia en la que debió dictaminar sobre la acusación de peculado agravado cometido en pandilla en contra del alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, para el miércoles 12 de julio.
La vinculación del edil tardó cerca de 20 horas, pues se hizo en dos sesiones: La primera fue la semana anterior y tardó ocho horas, mientras que el lunes pasado fue de por lo menos 12 horas.
También están denunciados quien fuera secretario de la Comuna de Motul, cuando se cometió el delito y que ahora labora como oficial mayor, Reynaldo Luis Canul Guerra; el director de Obras Públicas del municipio, Eric Martín Acosta Palma, y el representante de la compañía “Avril Ingeniería y Asociados, SA de CV”, Salvador Alberto C.C.
El alcalde y sus abogados intentaron que se llegara a un acuerdo reparatorio, es decir, quería pagar el monto del desfalco, ya que con ese acuerdo no habría sentencia, sin embargo, el juez se negó y dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y dar paso al juicio oral o un procedimiento abreviado; como medidas cautelares al edil se le brindó una fianza de 35 mil pesos; firmar cada mes; no salir del estado ni acercarse a Quintana Roo o Campeche, y no establecer contacto con los testigos.
A Reinaldo Canul y Guerra y Erik Acosta Palma, les fijó fianza de 25 mil pesos; y a Salvador Alberto, una fianza de seis mil pesos y a los tres igualmente firmar cada mes; no salir del Estado ni acercarse a Quintana Roo o Campeche, ni acercarse a los testigos.
En la denuncia, se afirma que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) detectó que el Ayuntamiento de Motul justificó el contrato de obra pública por la pavimentación de una calle del municipio por un monto de 816 mil 476 pesos, en el año 2021.
Sin embargo, esa obra fue ejecutada en el año 2018, lo que se descubrió cuando la ASEY verificó la obra, pues se detectó que en el 2019 se reportó la conclusión de los trabajos de pavimentación de esa misma calle.
Si al alcalde lo condenan por el delito de peculado agravado cometido en pandilla, el Congreso del Estado podría destituirlo de su cargo.
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GC
