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El Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida (Fcdtv) anunció que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) están conformando un nuevo grupo contra el “colapso ecológico” que está sufriendo la Península de Yucatán, a manos de “depredadores despiadados de la tierra y el agua”, como los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero, que con su proyecto inmobiliario Paraíso Sisal“destruyen el hábitat natural”.
Al organismo de lucha, que tendrá independencia de empresas y Gobierno -explica Pedro Quijano Uc, líder de la organización- se integrarán agrupaciones como el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán (CCAY), cuyo líder Jacobo Espinosa Femat reconoce que el despojo e invasión de tierras, como ocurre en el complejo de viviendas de la costa Nororiente de la Entidad, “nos atañe a todos”.
“Lo de Sisal es terrible y por supuesto que estamos en contra, por lo que vamos a tratar de incidir desde nuestros espacios para que se dé marcha atrás a los acuerdos que se firmaron”, expuso, en referencia al decreto que permitió al Cártel de Sisal, primero, “arrancarle” una parte a la Reserva Estatal de El Palmar y, luego, proyectar un complejo de viviendas de lujo, cuya construcción está causando una erosión inexorable por la destrucción del manglar, la duna costera y la instalación de geotubos que están socavando la playa.
Por si fuera poco, de acuerdo con la denuncia reciente de la asociación Maya Peninsular, los constructores de viviendas tiran los desechos de materiales de construcción en el interior de la zona protegida. El Ayuntamiento de Hunucmá, que encabeza Edna Marissa Ceballos Franco, se hace de la vista gorda y evade su responsabilidad sobre la disposición final de la basura, al igual que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), encabezada por Sayda Melina Rodríguez Gómez.
Ahora, la iniciativa del FCDTV se suma a la de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), colegios de profesionales, como el de Arquitectos, empresarios -en voz del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)- y otras organizaciones civiles como la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), para proteger y preservar la Reserva Estatal El Palmar, de donde los Campos Agüero “sustrajeron” terrenos para beneficiarse con la venta de lotes y viviendas de lujo.
En su momento, María Patricia Guadarrama Chávez, investigadora ambiental de la UNAM, adscrita a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Sisal, advirtió que todos sus colegas científicos estaban “muy preocupados” y aseguró que “mientras más personas nos vayamos sumando a hacer este tipo de acciones” podrá revertirse el daño del complejo inmobiliario.
Incluso, actores políticos hicieron a un lado sus diferencias ideológicas para unirse en torno a una causa social, medioambiental y hasta económica: rechazar las irregularidades que están desencadenando la devastación de playas únicas, como las de Sisal, a manos de empresarios como Víctor y Daniel Campos Agüero y, de paso, frenarla. Los diputados locales, Harry Rodríguez Botello, Gaspar Quintal Parra, Karla Franco Blanco, Rafael Echazarreta Torres, Alejandra Novelo Segura, y la federal, Federica Quijano alzaron la voz contra los abusos del Cártel de Sisal; incluso, los primeros debaten ya una reforma de ley para darle poder al Congreso estatal para evitar que se devasten otras zonas protegidas y las playas.
Antes, y tras conocer las irregularidades en el complejo habitacional costero de los hermanos Campos Agüero, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, Beatriz Gómory Correa, consideró que cualquier proyecto inmobiliario que tenga un incumplimiento o anomalías “debe ser sancionado con todo el peso de la ley”.
El presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, Miguel Sosa Correa, exigió, a su vez, revisar quién emitió y de qué tipo son los permisos que obtuvieron los empresarios Víctor y Daniel Campos Agüero para devastar la duna costera con miras a construir un complejo habitacional de vivienda de lujo y repudió las acciones que afectan al medio ambiente.
Desde febrero pasado, POR ESTO!, ha documentado que entre 2006 y 2007, insistentemente, los hermanos Campos Agüero pretendieron lotificar un terreno de siete kilómetros de largo que estaba incluido dentro de la Reserva Estatal El Palmar, según un decreto del entonces gobernador del Estado, Patricio Patrón Laviada. Tiempo después, mediante argucias legales solapadas por autoridades federales y por Ivonne Ortega Pacheco, quien sucedió en el Ejecutivo a Patrón Laviada, se hicieron de la porción del área natural de conservación.
Sus intentos por fraccionar el terreno fracasaron en un principio y no fue sino hasta el 23 de marzo de 2018, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de Hernán José Cárdenas López, les autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) número 31YU2017UD085, para el proyecto de “Urbanización, electrificación, ampliación de camino existente y apertura de un nuevo camino de acceso para un predio formado por los tablajes catastrales: 1896, 2888, 2889, 4803 y 5565, denominados Paraíso Sisal, ubicados en el puerto de Sisal, comisaría de Hunucmá, Yucatán”.
Posteriormente, el 21 de agosto del mismo año, la dependencia federal emitió la resolución con Oficio 726.4/UGA-0617/0001454, perteneciente al proyecto “Construcción y operación de una casa habitación ubicada en el lote 5222 del proyecto de lotificación Paraíso Sisal”.
Ambos permisos fueron solicitados -y finalmente obtenidos- por los representantes legales de la inmobiliaria, además de los hermanos Campos Agüero, Fernando Eugenio e Isabel Barbachano Herrero, así como Carmen Barbachano y Gómez Rul.
A pesar de que han sido plena y públicamente evidenciadas las artimañas que se utilizaron en el proyecto, la inmobiliaria de marras mantiene la venta de terrenos en la otrora zona de reserva ecológica, a precios que superan el medio millón de pesos por metro lineal.
Ante la venta despiadada de tierras que atesoran especies únicas de flora y fauna, el activista e integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán (CCAY), Cuauhtémoc Jacobo Femat, dijo que a la lucha que realiza su organismo se han unido otras agrupaciones, porque se tiene que defender el territorio ante la depredación de empresas como la que promueve el complejo inmobiliario Paraíso Sisal, sin importarles la afectación que causan a los recursos naturales.
El activista señaló que no solo está en peligro el agua ante la depredación de empresas contaminantes, sino las zonas protegidas, como sucede con la invasión de desarrollos inmobiliarios como Paraíso Sisal.
“Estamos en contra, por lo que vamos a tratar de incidir desde nuestros espacios para que se dé marcha atrás a los acuerdos que se firmaron”, agregó el activista.
“Como Consejo Ciudadano por el Agua estamos viendo que es muy grave lo que está sucediendo, se están sirviendo en bandeja de plata el territorio, la tierra, el agua y también la mano de obra barata”, enfatizó.
El integrante del CCAY mostró su preocupación de que los intereses económicos atenten contra la vida y la naturaleza, pues “el primer paso es apoderarse de la tierra y no les importa las formas”.
“Lo hacen con diferentes mañas. Sabemos que hay asambleas donde firman muertos o personas que no son parte del ejido”, denunció.
“Están comprando a comisarios ejidales, engañando a la gente y tampoco están haciendo la consulta de los pueblos cercanos, la gente se entera de último de lo que sucede, cuando ya se empieza a construir”, dijo Cuauhtémoc Jacobo.
Por su parte, el líder del Fcdtv, Pedro Quijano Uc, arremetió en contra de inmobiliarias como la de los Campos Agüero, porque “son responsables de acelerar el colapso ecológico que está viviendo ya nuestra región peninsular”, remarcó.
Por ello, el Fcdtv anunció que “junto con otras agrupaciones de la Entidad nos estamos esmerando por la conformación de una organización unitaria contra un colapso ecológico”, la cual tendrá autonomía del Gobierno y del empresariado.
Explicó que será una estructura plural, por la vida, “para obligar a las autoridades a hacer suyas las propuestas que emanen de una gran asamblea o congreso de los pueblos, en defensa del territorio”.
Y entre sus allegados estaría el CCAY, pues Jacobo Femat fue invitado a participar en una reunión del Frente Campesino, dejando en claro que el despojo e invasión de las tierras es una situación que les atañe en conjunto.
“El acaparamiento del agua inicia con el despojo”, dijo el activista sobre cómo las empresas “a través de sus operadores y sus mañas llegan por la tierra”, por lo que aseveró: “la defensa de la tierra y el agua es fundamental”.
En dicho espacio se recordó la conexión puntual de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes con la costa, debido a una zona de recorrido y una desembocadura al mar.
De esta manera, el “Puerto de Sisal se ve doblemente amenazado por la destrucción y deforestación de sus áreas protegidas y por la contaminación del agua, procedente del anillo de cenotes.
“El gran empresariado yucateco demuestra que le importa más el lucro, el enriquecimiento desmedido y no la vida, y menos preservarla”, expuso Quijano Uc, que catalogó esas malas prácticas como genocidio.
El Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida es una organización que, a través de movilizaciones sociales, participa en la lucha contra el despojo de terrenos en municipios de Yucatán; han realizado constantes denuncias en contra de empresarios que pretenden apoderarse de zonas ejidales. Asimismo, promueve el respeto a los derechos humanos y laborales de los campesinos.
A su vez, el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán está integrado por varias organizaciones ambientales y sociales como Niños y Crías A.C., Guardianes del Agua, Escuela de Agricultura, Uneclum, Arca de Noé y Red Ciudadana por la Sostenibilidad, entre otras. En múltiples ocasiones han participado en manifestaciones en contra de la contaminación que causan las granjas, como Kekén, y han presentado propuestas para reformar la Ley de Aguas Nacionales.
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CC
