En cuatro años se acabarán las reservas financieras para las pensiones del ISSTEY, advierten

Elsy del Carmen Mezo Palma, integrante del grupo interdisciplinario de especialistas para la atención del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSTEY), señaló que a raíz de los trabajos que han realizado, apoyados en las valuaciones y proyecciones del despacho del actuario Roberto Díaz García, llegaron a algunas conclusiones sobre la situación del instituto.

Agregó que de acuerdo con los estudios actuariales del Instituto desde hace varios años, los ingresos por cuotas y aportaciones que recibe el ISSTEY son menores a los egresos por pagos de pensiones y prestaciones; la diferencia para cubrir este déficit se toma de las reservas líquidas que hubiere; sin embargo, conforme a las proyecciones presentadas, se estima  que para el 2026 se terminarán las reservas totales que incluyen la reserva  territorial, que es difícil de monetizar en el corto plazo.

Indicó que en relación con la situación financiera del instituto y la propuesta de análisis para mejorar las condiciones actuales, con base en los resultados se dividen en dos antecedentes, la situación que se presenta, los puntos que se toman en cuenta para tener una solución más viable para considerarlos neurálgicos en este problema, y algunas generalidades sobre esos puntos para que haya un poco más de información.

Recordó que para tratar el tema de las pensiones es necesario definir la seguridad social, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas contra las obligaciones económicas y sociales que ocasionaría la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos a causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo,  enfermedad laboral, desempleo, invalidez o muerte, también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias.

Señaló que la Constitución establece el derecho de los trabajadores a la seguridad social, sin embargo, deja a consideración las condiciones y montos con los que el Estado la otorgaría y por esto se generalizó que los sistemas de los grandes esquemas de seguridad social, IMSS e ISSSTE, creados en la década de 1940, se replicaran sin ajustarse a las condiciones demográficas actuales en las diferentes Entidades federativas, universidades autónomas estatales, municipios  e incluso en algunos organismos públicos federales y locales, que cuentan con sus propios sistemas de pensiones y donde la mayoría son diferentes entre sí, lo que ha provocado una diversificación en cuanto a requisitos y derechos para acceder a una pensión.

“Las instituciones de seguridad social generalmente se descapitalizan por el incremento de la esperanza de vida, al no ajustar los parámetros con los cuales se otorgan las pensiones; un incremento  en la esperanza de vida implica un mayor gasto de las instituciones de seguridad social, ya que al vivir más una persona recibirá por más tiempo una pensión”, explicó.

Otro factor descapitalizante fue la insuficiencia de aportaciones, causa que está ligada igualmente al incremento de la esperanza de vida, pues se prolonga el tiempo en que el trabajador recibirá  la pensión; la inexistencia de un sueldo regulador, ya que como en la mayoría de los sistemas de pensiones éstas se ligan al último salario percibido  por el trabajador.

Afirmó que la mayoría de los sistemas de pensiones fueron reformados por estas mismas razones, pues tendían a otorgar recursos a quienes por su edad  no los requieren, poniendo en riesgo el plan en su conjunto.

Recordó que en México operan sistemas de pensiones que en caso de una descapitalización afectarían directamente las finanzas federales, como lo es el IMSS asegurador, IMSS patrón, el ISSSTE, que ya fue reformado y algunos paraestatales, además de que operan los que podrían afectar  indirectamente las finanzas federales, como las  instituciones estatales y municipales de pensiones y esquemas universitarios.

“Dado lo anterior, esperar a que la federación subsidie los esquemas de pensiones que no han adecuado sus requerimientos a la realidad económica y demográfica  de país sería irresponsable”, aseguró.

En cuanto a la viabilidad del esquema actual, en el ISSTEY se otorgan pensiones a los trabajadores a los 30 años de servicio sin importar la edad, equivalentes al 100 por ciento de los últimos dos años del salario pensionario que es con jubilación voluntaria, o bien se otorga al cumplir los 55 años de edad y 15 años de servicio. En beneficio se da un porcentaje del salario regulador cuando es jubilación necesaria.

Otros de los beneficios que se otorgan son los relacionados con invalidez, incapacidad, viudez, devolución de aportaciones, que es el seguro de cesantía y seguro de fallecimiento, estos dos últimos son pagos únicos, las pensiones son vitalicias  y con transición a beneficiarios.

Mezo Palma dijo que es importante destacar que los sistemas de pensiones  federales y estatales que ya realizaron reformas a sus legislaciones establecieron la edad de 65 años como requisito para  jubilarse para las nuevas generaciones y entre 60 y 65 años para las generaciones actuales, siendo Yucatán  una de las pocas Entidades federativas que no ha realizado una reforma estructural a su sistema de pensiones, lo que implica un costo actual y futuro sumamente  elevado para las finanza del Estado, comprometiendo el pago de las pensiones y jubilaciones, así como las obligaciones y funciones del Estado.

“Para el año 2021 se esperaba que se agotara la liquidez de disponibilidad inmediata; hoy ya no se cuenta con la capacidad suficiente para el cumplimiento de las obligaciones”.

Señaló que, por tal motivo, el instituto ha requerido desde el año 2021 de aportaciones extraordinarias, que son subsidios adiciones a las cuotas que recaudan para hacer frente al pago de pensiones y jubilaciones y de las distintas prestaciones que ofrece a sus derechohabientes.

De los resultados de la evaluación actuarial realizada para el ISSTEY conforme al 31 de diciembre del 2020, se puede concluir que las reservas líquidas se agotarían en el 2021, tal como sucedió, y las reservas totales que incluyen  reservas territoriales e inversiones a largo plazo  se agotarían en el año 2026.

Aseguró que la aportación requerida para hacer viable financieramente el esquema actual, de acuerdo  con el último estudio actuarial, es de 63.51% de la nómina de cotizaciones, muy por encima del 13.75 que hoy se aporta para pensiones, lo cual es inviable.

El subsidio que requerirá el sistema de pensiones y prestaciones será de más de 700 millones de pesos para el año 2024, superior a los mil 400 mdp en el año 2030 y de más de 2 mil 300 mdp en el año 2040, lo que obligaría a disminuir recursos en partidas como Seguridad Pública, Educación e infraestructura para realizar el pago de pensiones y jubilaciones.

Dijo que por esta situación se deben tomar medidas correctivas que modifiquen  las condiciones, montos y requisitos de las pensiones del sistema actual,  ya que de no ser así se causará una descapitalización  del Instituto y del Estado, pues el importe de los egresos  por concepto de pensiones, jubilaciones y distintas prestaciones seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en riesgo la seguridad económica de los pensionados actuales y futuros e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones.

“Es importante mencionar  que las medidas que se tomen no afectarían a los jubilados y pensionados  actuales, ni a los trabajadores en activo que tengan derechos adquiridos”, aseguró.

Los temas en materia de análisis y discusión, dijo, son  garantizar el financiamiento  futuro de la seguridad social  mediante el equilibrio financiero y actuarial, reformar  la estructura de beneficios del sistema de pensiones para  responder a la realidad social y demográfica del Estado, siendo el problema estructural y su nivel de complejidad sumamente difícil de afrontar o de superar mediante simples soluciones administrativas.

Agregó que es necesario  clasificar a los trabajadores en tres grupos de análisis: personal pensionado,  generación actual y nuevas generaciones, con esta división se incrementarían  gradualmente las diferentes generaciones donde no se afecte de manera importante a los trabajadores cercanos a obtener una pensión.

El personal pensionado seguiría disfrutando de recursos en los términos y condiciones en que los haya adquirido, la generación actual son los trabajadores que en estos momentos se encuentran en activo, siendo que aquéllos que a la fecha de entrar en vigor las nuevas disposiciones hayan cumplido con los requisitos para acceder a una pensión la recibirán en los términos  y condiciones en que la hubieran adquirido, sin importar cuándo ejerzan estos derechos, y aquellos trabajadores de la generación actual que aún no hubieran adquirido para acceder a una pensión son considerados como trabajadores con expectativa de derechos, por tanto, serían sujetos a cambios.

Nuevas generaciones

En tanto que las nuevas generaciones entrarán a trabajar al comenzar las nuevas  disposiciones.

Señaló que entre las variables sujetas a análisis se encuentran algunas  recomendaciones para examinar con respecto al impacto financiero  y social que tendrían en el sistema de pensiones y prestaciones del Instituto, entre las que se hayan las edades mínimas para acceder a un pensión y los años de cotización requeridos, lo que es factor fundamental, pues con base en la edad de retiro se puede estimar la cantidad de años que se pagaría una pensión.

Igualmente, analizar un aumento en los ingresos del sistema, es necesario un incremento, tanto de los trabajadores como los del  Estado, con el fin de disminuir la presión  financiera existente.

Hay que analizar la estructura y cálculo del salario regulador para evitar los abusos que podrían generarse en la última etapa de la vida laboral, accediendo a salarios más elevados para llevarse una pensión más alta sin haber cotizado en ese nivel, por lo que se recomienda analizar la forma en la que se calcula el salario regulador.

Otra de las variantes es el incremento a las pensiones, se propone buscar  mecanismos para mantener el poder  adquisitivo del personal pensionado a través del  tiempo, y también se propone analizar mecanismos para  poner  un tope sostenido a las pensiones a través del tiempo, sin estar a expensas de las variaciones que tengan los incrementos al salario mínimo con respecto a la inflación.

Dijo que también es importante analizar la estructura del seguro de cesantía, ya que de devolver las cuotas aportadas cuando se tiene derecho a pensión es similar a no haber aportado cuotas durante la vida activa del trabajador, en tanto que en la transmisión de pensiones a los beneficiarios se recomienda analizar la razonabilidad de una posible reducción, ya que ésta en la mayoría de los casos mantendría financieramente a una persona en lugar de dos y en cuanto a la pensión anticipada se recomienda establecer mecanismos que permitan a una persona acceder a recursos si las condiciones de salud no permitieran esperar a los nuevos requisitos de antigüedad para acceder a las pensiones.

En cuanto a las pensiones por causa de invalidez, hay que analizar si el requisito actual está en armonía con la definición de seguridad social, pues una persona inválida sí necesita de una pensión, en tanto que el aguinaldo que se percibe considerando la carga financiera que ésta representa.

Mezo Palma indicó que, de acuerdo con el análisis en cuanto a la situación financiera y autorial del ISSTEY y tomando en consideración la regulación normativa que lo rige  actualmente, se desprende la importancia y la necesidad de actualizar el marco normativo para asegurar financieramente el sistema pensionario y en ese sentido la alternativa que se lleve a plantear debe buscar un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social, que se traduzca en otorgarle una mayor viabilidad el sistema de pensiones actual y por consiguiente tratar de asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado, pero sin afectar a los jubilados y pensionados actuales ni a los trabajadores en activo que ya tengan derechos adquiridos, por lo que se hace necesario cambiar leyes, reglamentos y contratos colectivos de trabajo. Será necesario también que los trabajadores y las autoridades sean  aliados para lograr una solución conjunta, en beneficio común.

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CC