Con amenazas, financieras 'patito' de Yucatán obligan a mujeres deudoras a pagar

Al menos 12 financieras patito operan en el interior del Estado imitando los métodos de la prestamista colombiana conocida como “Gota a Gota”: bajo amenazas y agresiones obligan a pagar los créditos. Incluso se han registrado violaciones a mujeres y advertencias de secuestro a sus hijos como forma de venganza, afirma la activista Milagros Romero Bastarrachea, basada en documentos que recabó, mismos que derivaron en denuncias penales. Los casos documentados ocurrieron en la comisaría de Molas, y en los municipios de Ixil y Chicxulub Pueblo.

Romero Bastarrachea, en conjunto con la también exdiputada Silvia López Escoffie, presentó denuncias de la mano del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, ante la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre ataques a mujeres que contrajeron adeudos y luego no pudieron pagarlos. Se registraron en dos municipios yucatecos.

Como hemos informado, el esquema de financiamiento “Gota a Gota” , que tuvo su origen en Colombia, permeó en la Península de Yucatán, donde al menos en este año ya fueron documentados tres casos de detenciones en la Entidad, al igual que en Campeche, donde los prestamistas fueron acusados por cobrar altos intereses y amenazar con arma de fuego a los deudores. 

Sin embargo, en los municipios de Yucatán no son sólo los colombianos son señalados de estos esquemas ilegales de préstamos.

Milagros Romero comentó que ha recibido aproximadamente 12 casos de denuncias contra las denominadas “financieras patito”; el primero fue en la comisaría de Molas, donde una empresa  comenzó a cobrar intereses por encima de lo acordado con los pobladores, además de ejercer violencia contra la población.

“Hubo casos de personas a las que les cobraba un dinero previo al préstamo con la función de que fuera un fondo económico. Sin embargo, a muchos no se les reconocía ese monto, pero sí se cobraban intereses exagerados, por lo que muchos no lograban terminar sus deudas”, mencionó.

Impunidad y robos

La situación se agravó, ya que algunos habitantes de la comunidad comenzaron a alertar que los cobradores comenzaban a entrar a las casas a sustraer algunos bienes de las familias sin algún proceso judicial anticipado, incluso, de agresiones físicas contra los deudores y amenazas donde aseguraban que, de no pagar, secuestrarían a sus hijos.

Otros municipios donde se comenzaron a presenciar avisos por parte de la población fueron en Ixil y Chicxulub Pueblo, donde al menos 12 financieras comenzaron a operar con nuevos y violentos mecanismos.

“Se presentan casa por casa para ofertar los préstamos o contratan, con la promesa de darles un sueldo, a personas de la comunidad para que ellos busquen a los deudores. Ahí es más complicado porque comienzan a poner a gente de la población de su lado, pero no les dan papeles o documentos legales y los lugares donde se hacen los préstamos son en las mismas casas”, señaló.

Avales

La activista resaltó que hay casos donde para poder entregar los préstamos son necesarios los avales, “aunque también ha habido situaciones donde los prestamistas acuden con ellos y también los agreden o les intentan robar sus pertenencias como método de pago”.

Señaló que en los casos reportados los deudores no cuentan con ningún documento, recibo o calendario de pago para afirmar que son víctimas de fraude, ya que los prestamistas suelen pedir únicamente la firma y datos personales para realizar los pagos sin ningún inconveniente, lo cual lo vuelve atractivo y eficiente para las poblaciones lejanas, más vulnerables económicamente.

Víctimas femeninas

Sentenció que la mayoría de las víctimas son mujeres, “muchas de ellas perdieron sus empleos a causa de la pandemia o no les alcanza con lo que provee el marido, por tanto, han buscado esto como una opción para ser un apoyo económico, pero al final la familia termina trabajando para pagar la deuda”, manifestó.

Las agresiones

Resaltó que ha recibido reportes de mujeres que fueron golpeadas por los prestamistas o incluso abusadas sexualmente, “las suelen subir en sus autos y abusan de ellas y les dicen que es una forma de cobrarse el pago de la semana”, lamentó Romero Bastarrachea.

En sus denuncias ante la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) y la Fiscalía General del Estado (FGE) exigió que se tomaran cartas en el asunto por la ola de violencia que vive la población de las comunidades en el interior del Estado.

Tras ello, ambas dependencias han realizado una campaña en cuatro municipios donde se brinda información a través de un volante y módulos de atención para que denuncien las personas que sean víctimas de este tipo de agresiones por financieras.

“Se puede hacer mucho, primeramente, se puede buscar que estas empresas financieras no están registradas ante la Condusef, además, si ya hay antecedentes de violencia la Fiscalía puede intervenir, por lo que esta campaña busca que las personas sepan que no están solas y puedan actuar”, afirmó.

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CC