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A tres años de que se presentó la Ley General de Aguas ante el Congreso de la Unión, de la que el Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán formó parte para evidenciar la vulnerabilidad del sistema kárstico por la alta contaminación y extracción del líquido, sus integrantes dijeron que no hay “voluntad política” para apoyar esta iniciativa.
Teresa Denegre Vaught Charruf, integrante del Consejo, dijo que después de tres años aún no hay un cambio considerable en las políticas públicas a nivel estatal o federal, cuyo fin sea el manejo y administración consciente del agua ante un panorama desalentador, donde los problemas sociohídricos continúan en el Estado.
“Con las propuestas que hicimos en distintos foros alrededor de la Península se demostró que hay un grave problema de gestión del agua en Yucatán y las instituciones no los ven, evidentemente no hay ese interés. Vemos en las comunidades mayas que ya se está manifestando y por eso queremos que se respeten las propuestas del Consejo”, mencionó.
Algunos de los problemas que exhibieron en esta propuesta de ley fueron las afectaciones provocadas por las megagranjas, que desechan millones de litros de aguas residuales al manto freático, la permisividad del Estado para la extracción de líquido de la industria cervecera y la ampliación de la industria inmobiliaria, que sigue destruyendo el manglar de la costa yucateca y consume la vegetación de la zona metropolitana de la capital.
“En el sistema kárstico de Yucatán no debería haber megagranjas, ni qué decir de las empresas refresqueras o cerveceras. Estamos ante un problema que ahora no se ve, pero si las políticas públicas no cambian esto en unos años la situación será irreversible”, manifestó.
La ley se gestó a través de un proceso amplio de discusión y construcción en asambleas y reuniones en ejidos, pueblos, municipios y ciudades con la participación de grupos y comunidades defensores del agua en todo el país, lideradas por la Coordinadora Nacional “Agua para tod@s, agua para la Vida”.
En términos generales, las propuestas buscan revertir la grave crisis del agua en México, “ocasionada por los abusos de los grandes concesionarios, amparados por el sistema que estableció la Ley de Aguas Nacionales vigente, publicada en 1992, en el tiempo de Salinas de Gortari”.
A partir de esta ley se otorgaron distintas concesiones que son administradas por la Conagua, “institución que opera sin contrapesos, desconociendo los derechos constitucionales de ejidos, pueblos y comunidades indígenas y el derecho humano al agua”.
Durante la presentación se incluyeron casi 200 mil firmas. Desde esa fecha integrantes del Consejo de Yucatán acudieron a la Cámara para trabajar en parlamentos abiertos, “pero nunca se concretó nada, nos enterábamos de todos los intereses de las industrias que tienen representantes en el Congreso”, explicó.
Incluso, señaló que el senador panista Raúl Paz Alonso, quien preside la Comisión de Recursos Hidráulicos, nunca los recibió en el marco de la realización de los foros con senadores para que se comprometan a revisar la iniciativa, “la única con la que hablamos fue con la senadora Verónica y Ramírez Marín solo dio un discurso en el foro y nunca más lo volvimos a ver”, dijo Teresa Denegre.
La activista aseveró que en Yucatán sigue oculto el problema del agua por los intereses de la iniciativa privada respecto a este recurso, “necesitamos convocar a una mayor participación, ya que los problemas son altamente abrumadores”, concluyó.
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CC
