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De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los penales de Yucatán obtuvieron una calificación de 7.48 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. Esta puntuación promedio muestra que hay deficiencias y áreas de oportunidad que deben atenderse con diligencia, para mejorar y garantizar los servicios a los que tienen derecho las personas privadas de la libertad.
Este estudio fue presentado ayer, vía internet, por Hilda Téllez Lino, la Directora de Quejas en Materia Penitenciaria e Inconformidades; quien estuvo acompañada por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.
En la entidad fueron evaluados los Centros de Reinserción Social de Mérida y Valladolid, que obtuvieron una calificación de 7.86 y 7.11, respectivamente.
Ambos se mantuvieron en la calificación, dentro del rango de 6.0 a 7.9, lo que significa que hay áreas de oportunidad y aspectos por mejorar. En promedio la calificación fue de 7.48.
La evaluación que se hizo está en razón del número de población penitenciaria. Por lo anterior, la Entidad se ubica en el Grupo “A”, con un número de mil 281 internos, lo que significa que es que menos internas e internos tienen dentro de sus reclusorios, que va de un rango de una a dos mil personas.
Por lo anterior, Yucatán se encuentra dentro de los que obtuvieron una evaluación media.
Por otro lado, los Estados que obtuvieron las calificaciones más altas (ubicados en el rango de 8.0 al 8.47) figura Querétaro, con una calificación de 8.47 y una población de 2 mil 860; Tlaxcala, con una puntuación de 8.10, aunque solo tiene 890 internos; le sigue la Ciudad de México, con 8.06 y 26 mil 180 reclusos.
En dichos resultados se observó una tendencia al alza con respecto a la mejora de sus servicios, en comparación a las calificaciones que obtuvieron en el 2019.
Dentro de los peor calificados están los Estados de Nayarit, con 4.83; Hidalgo, con 5.16; Tamaulipas, con 5.24; Sinaloa, 5.98; Sonora y Puebla, ambas con 5.94.
En el caso del Centro de Reinserción Social de Mérida, que cuenta con una capacidad de dos mil 445 internos (con una población de mil 53 hombres y 25 mujeres), se observa una tendencia al alza en varios aspectos, pero también se reportaron deficiencias.
En el tema de aspectos que garantizan una estancia digna, se mencionan deficiencias en las condiciones materiales e higiene dentro de las instalaciones así como la inexistencia de equipos para la comunicación con el exterior.
Por otro lado, en el tema de reinserción social se observó una deficiente separación entre procesados y sentenciados.
Sin embargo, se observó una tendencia al alza y apropiada atención en temas como en la distribución de personas privadas de la libertad, en el número de reos en relación a la capacidad del centro, y en la separación entre hombres y mujeres.
En cuanto a los aspectos que garantizan una estancia digna, se menciona que hay buenas condiciones materiales e higiene en las áreas de cocina, comedores, enfermería, talleres y espacios deportivos.
En cuanto a las condiciones de gobernabilidad se menciona que hay insuficiencia de personal de seguridad y custodia. Asimismo, se menciona que hay ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno); que el personal penitenciario cuenta con capacitación; y se reporta la inexistencia de cobros al interior de la prisión (extorsión y/o sobornos).
Se habla de una buena reinserción, a través de actividades laborales y de capacitación; integración del expediente técnico-jurídico; integración y funcionamiento del Comité Técnico.
En cuanto al grupo de personas privadas con necesidades específicas, hay atención correcta a las personas con discapacidad, indígenas, ciudadanos integrantes de la comunidad LGBTTTI, a las que viven con VIH/SIDA, además de la existencia de programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
En cuanto al Centro de Reinserción Social de Valladolid, que cuenta con capacidad para 156 internos (con una población de 95 hombres y una mujer), se reportan deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Por otro lado, el estudio de la CNDH señala que hay deficiencias en la separación entre procesados y sentenciados; inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas; insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
También, deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas; deficiencia en la atención a personas con discapacidad; insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
De los aspectos positivos se señala, en cuanto a la integridad de las personas, una distribución adecuada, un adecuado número de internos e internas en relación a la capacidad del centro.
También, en los aspectos que garantizan una estancia digna, se habla de condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica; condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.
En el tema de la gobernabilidad, se señala que hay una ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno); inexistencia de actividades ilícitas; inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).
El análisis reporta que en el periodo estudiado sólo se registró un evento de riña en los penales de Yucatán, en comparación con el año anterior que se presentaron siete casos.
Por este tipo de hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), recibió dos quejas en el lapso analizado.
Cabe recordar que, por el contexto de la emergencia sanitaria, en el 2020 no se llevó a cabo la supervisión de todos los centros penitenciarios, sino que se hizo una selección de los lugares a verificar, en base a las evaluaciones del 2019 que hubieran sido las más bajas y así como las condiciones del semáforo epidemiológico lo permitieran.
aarl
