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Fiscalía de Sonora desmiente supuesto documento de espionaje con datos de candidatos y políticos
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A pesar de las diligencias, careos, reuniones y actos legales que los 16 expolicías han realizado contra la Comuna que preside la alcaldesa Lizbeth Cauich Puch, no lograron su objetivo inicial, y sólo obtuvieron entre 8 mil y 9 mil pesos de liquidación, a pesar de que fueron despedidos de forma injustificada.
Los exagentes municipales acudieron el lunes por la tarde a las oficinas del Palacio Municipal para dialogar con las autoridades jurídicas de la Comuna y llegar a un acuerdo, pero hasta el martes no se tenía indicios de que el objetivo se hubiera logrado.
De acuerdo con uno de los afectados, la alcaldesa sólo les había ofrecido entre 600 y mil pesos a cada uno, a pesar de que ellos advirtieron que no abandonaron el área de trabajo y fue la presidenta quien los despidió por haber protagonizado una manifestación la semana pasada.
El motivo de la manifestación, de acuerdo a los inconformes, fue que la Comuna les quería imponer al nuevo subdirector, Víctor Manuel Rejón Sotelo, a quién acusaron de haberlos tratado como militares y no respetar sus derechos laborales, por lo que pedían su destitución.
Posteriormente, la alcaldesa emitió un comunicado en el que respondió a esa manifestación y alegó que los agentes municipales habían sido acusados de corrupción, robos y hasta agresiones a los detenidos, lo que orilló a que se diera de baja a sólo uno de ellos, mientras que los demás decidieron dejar sus puestos.
Los empleados despedidos buscaron asesoría legal y ayer, el abogado defensor, Miguel Matú, informó que los exagentes ya entregaron sus instrumentos y uniformes de trabajo, mientras que sólo 2 de los 16 despedidos fueron recontratados.
Precisó que de lo que la Comuna ofreció de liquidación, sólo se logró que les dieran a algunos entre 8 mil y 9 mil pesos, a pesar de que les advirtieron que, si no aceptaban ese dinero, se iban a tener que ir a juicio que podría durar más de 19 años y podrían no obtener ningún peso.
“Les dijeron que el juicio podría durar más de 10 años sin obtener ningún peso. En vista que los elementos tienen necesidades lo aceptamos”.
Mientras tanto, en el municipio no se ha visto que se refuerce la vigilancia y existe temor entre los pobladores, porque se puedan incrementar los delitos o robos a casas-habitación.
SY
