Niños dejan sus estudios para trabajar como pescadores en Progreso, Yucatán

Al menos 656 menores de edad han dejado sus estudios en la Zona Escolar 36 perteneciente a Progreso, Yucatán, por ayudar a sus padres económicamente por lo que se dedican a trabajar, informó Pilar Guadalupe Ancona Méndez, supervisora de la zona, quien dijo que antes del 2019 había 2 mil alumnos en la matrícula, actualmente sólo cuenta con mil 344, lo que quiere decir que al menos 656 han dejado sus estudios.

Añadió que principalmente lo hacen porque buscan ayudar a sus padres económicamente, y no tienen Internet o medios para su educación en línea, por lo que aprovechan la temporada de pulpo en Yucatán principalmente, para trabajar y llevar dinero a sus casas.

El factor económico es la principal causa que lleva a los menores a trabajar dentro del mundo pesquero en el puerto de Progreso, de acuerdo a un trabajo de campo en los tres embarcaderos y cuatro zonas costeras donde atracan con producto todo tipo de navíos, cerca de 50 jovencitos estarían dedicándose a esta actividad de manera irregular.

En el departamento jurídico del DIF Municipal, ubicado en las instalaciones del exCendi de la colonia “Vicente Guerrero”, especifica que el trabajo realizado por menores de 18 años en un 90 por ciento de los casos se debe a que deben contribuir en la economía de su núcleo familiar. El 10 por ciento restante se debe a decisión propia, pero sólo se han tenido situaciones de este tipo con adolescentes a partir de los 15 años.

Lo anterior se hace constatar con la aparición de los niños en los puertos pesqueros del municipio, a quienes en su mayoría se les ve acompañados de una persona adulta para desarrollar desde la limpieza de los alijos hasta el zarpe en altamar en lanchas ribereñas.

“La mayoría de las veces, mediante el trabajo familiar, los niños y jóvenes son perjudicados en varios aspectos, se les priva de su infancia provocándoles obstrucción en su adecuado desarrollo”, informó una empleada del departamento jurídico del DIF, quien pidió el anonimato pues el departamento de comunicación municipal ha mantenido a los funcionarios y servidores públicos bajo una especie de “Ley mordaza”, que no les permite ofrecer entrevistas a los medios locales si antes no se le notifica al actual titular, Rubén Moguel Aguilar.

Se resalta también que las demandas ciudadanas para esta institución son bajas en el rubro de trabajo relacionado con menores, este año se precisa sobre solo un expediente en la base de datos del DIF Municipal donde un menor fue sorprendido vendiendo de manera frecuente en el Malecón Tradicional de Progreso y que al final se llevó a cabo un seguimiento hasta notificar a sus tutores frenar la actividad laboral del niño.

“En caso de detectar un caso de estos, lo más idóneo es denunciar de manera anónima, nosotros posteriormente acudiremos a la dirección especificada, por medio de trabajadoras sociales, hasta dar con el paradero de los padres y el niño o niña para corroborar que la información es verídica. Si se constata que el menor pasa por una violación a sus derechos, el área de Progreso del Departamento de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodenay), actúa de manera rápida”, agregó.

La también abogada resaltó que el problema no es atendido principalmente por el DIF Municipal, pero podría ser vinculado a través de los funcionarios que operan ahí a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, quienes sí tienen la facultad para acudir a las empresas y puntos de comercio para verificar problemáticas relacionadas con la explotación laboral a menores de edad.

Parte fundamental de la entrada de niños al mundo laboral se debe a un rezago del 30 por ciento dentro de la matrícula de la Zona Escolar 36, pues antes del 2019 se tenía un promedio de más de 2 mil niños y jóvenes en las aulas de clase, cuando en estos días se tiene un censo que involucra a poco más de mil 300 educandos.

De acuerdo a declaraciones pasadas de la supervisora escolar de la Zona Escolar 36, Pilar Guadalupe Ancona Méndez, el rezago se debe primordialmente a los costos que implica la educación digital, mismos que requieren obligatoriamente de servicio de Internet en casa y computadora o tablet.

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