Tren Maya: Piden anular consulta indígena en Xpujil

El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) a través de su representante legal Elisa Cruz Rueda, se pronunció por la nulidad de la consulta indígena y no por la reposición como lo propone la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque incurrieron en una serie de violaciones a los derechos humanos denunciadas en su momento.

Tras darse a conocer el informe de la ASF sobre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y de los nueve rubros que evalúa sobre el Tren Maya en “la evaluación del proceso y resultados de la consulta indígena”, la recomendación es la reposición de “la consulta a los pueblos y comunidades Mayas, Tseltales, Ch’oles, Tsotsiles y otros de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

Lo anterior con la finalidad de que la consulta “sea libre e informada y, con ello, obtener su consentimiento, y que se definan las medidas que, en su caso, mitiguen o reparen los efectos negativos de la obra y garantizar su derecho a la libre determinación”.

Al respecto, la abogada del CRIPX consideró que desde el inicio la consulta fue un proceso viciado, porque incurrieron en una serie de violaciones, por lo cual no es válida una disculpa y aseguró que se debe hacer “la nulidad del acto porque empezó mal y continua mal”.

Sostuvo que se actuó de mala fe por parte de los funcionarios federales, quienes encubrieron una serie de ilegalidades e irregularidades, además de exponer argumentos de manera ficticia, como la rentabilidad del proyecto ferroviario.

Según Cruz Rueda, “mediante intimidación y engaño se intentó convencer a la población para que votara a favor del Tren Maya e incluso le ofrecieron fantasías a las comunidades indígenas”, sostuvo.

Por ello, insistió que debe hacer la nulidad del acto jurídico de la consulta, sobre todo porque también fue amañada y se incurrió en una simulación hacia las etnias asentadas en la región.

Aunque reiteró que la nulidad es lo que debe proceder, también sugirió castigo a los funcionarios federales, ya que si se sanciona al Estado Mexicano, son los mexicanos quienes con sus impuestos deben compensar los compromisos económicos que se han hecho.

Señaló que no puede haber recuperación en las comunidades si fueron amedrentadas, violentadas o trastocados sus derechos.

Explicó que en el proceso de consulta no hubo intérpretes, sólo fue un manejo técnico del proyecto, tampoco fueron asambleas regionales sino comunitarias y se expusieron falsas expectativas para que los pobladores votaran a favor del proyecto federal.

En ningún momento se les presentó las condiciones para su medio ambiente, economía, agua, tierra y viviendas, sino una violación a sus derechos humanos, por lo que la reposición de la consulta no revierte la violación a sus derechos, agregó.

SY