Habitantes de Campeche interponen amparo contra la reubicación por el Tren Maya

Al menos 300 propietarios de las viviendas aledañas a las vías del ferrocarril en Camino Real, La Ermita y Santa Lucía, se pronunciaron en contra de su reubicación, por lo que interpusieron un amparo contra el proyecto del Tren Maya, resaltó la integrante del Colectivo 3 Barrios, Guadalupe Gutiérrez Cáceres, al calificar a ONU-Hábitat como  la instancia que hace el trabajo sucio del Gobierno Federal por el convenio que firmó para recibir 5.5 millones de dólares. 

En entrevista, puntualizó que el colectivo lo integran aproximadamente propietarios de 300 casas, “y si ponemos que el tendido férreo no incluye tres barrios sino que abarca Cuatro Caminos y Palmas, son como 4 mil o 5 mil personas”. 

Planteó que en el amparo interpuesto agregaron una ampliación en donde solicitan la reubicación de las vías del ferrocarril, y aunque calificó al Poder Judicial como un poder ciego, sordo, anquilosado y tardado, manifestó su confianza en que la respuesta sea positiva. 

Comentó que una fuente cercana le dio a conocer que en Chocholá, por 100 casas que se ubican en el trazo del Tren Maya, este pasará por fuera de la ciudad, por lo que se hará un libramiento, y reiteró que en el estado ni el gobernador ni el presidente municipal los respaldan, porque buscan el “hueso” que les dará López Obrador. 

También calificó como cuestión política que Campeche se encuentre en Semáforo Verde ya que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y los empresarios que están detrás del Tren Maya, “quieren que la obra sea rápida a costa de nuestra seguridad, salud, cultura, tradiciones y hogares”, puntualizó Gutiérrez Cáceres. 

A las decisiones de Jiménez Pons las calificó como “la hoja del caimito”, ya que van de aquí para allá, pues  primero dice que no habrá expropiaciones y luego anuncia que contrató a un bufete de abogados por 21 millones 700 mil pesos para que “nos  dañen” mediante artilugios jurídicos. 

Queja

Lamentó que muchos de los propietarios que se ubican después del estadio de béisbol, lo que abarca Dzarbá o Cuatro Caminos duerman “el sueño de los justos” y no peleen por sus inmuebles; sin embargo cuando salga la resolución del amparo serán beneficiados porque la acción jurídica también repercute en ellos de forma positiva. 

 Aunque afirmó que “el Gobierno Federal no es hermanita de caridad y mucha gente que se quiere cambiar dice que le van a dar una casa magnifica, o millones de pesos. Mentira, no les van a dar esa cantidad, es una simple indemnización”. 

 “Nuestra familia lleva 127 años aquí, en un documento de donación que data de 1893, entonces aquí tengo raigambre, tradiciones; aquí murieron mi papá, mi mamá, aquí me casé; cinco generaciones ya pasaron en este predio yo sigo acá y voy a continuar”, finalizó la pobladora.

La batalla legal parece extenderse y se ampliará por tiempo indeterminado, debido a que la agrupación está decidida a defender sus casas por el sentido de pertenencia ancestral y recuerdos que significan, más que por intereses económicos.

Por Wilbert Casanova