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El gobierno de México reveló que no dejará pasar la determinación de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien apoyada de magistrados solicitó dejar en libertad a 8 militares acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa. De ahí que avaló a la Fiscalía General de la República (FGR).
A través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el gobierno nacional aseguró que este corresponde a un asunto de Estado; por lo que instó a la FGR a girar nuevas órdenes de aprehensión contra los 8 militares.
Asimismo, advirtió que comenzarán con nuevas líneas de investigación y analizarán con detalle las medidas cautelares que impulsaron a la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo a desconocer el proceso: previamente, había dictado prisión preventiva justificada; mas el tribunal no lo contempló.
"No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PFJ) en el caso Ayotzinapa . Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso", señaló.
En suma, aseguró que ha recurrido a pretextos para impedir el avance del caso Ayotzinapa. Tal como cuando liberó a 62 detenidos y trató de hacer lo propio con Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República; al igual que su omisión contra el torturador Tomás 'N', prófugo en Israel.
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FAR
