Magistrados del Poder Judicial se niegan a devolver recursos para reconstruir Acapulco
El pasado 31 de octubre Norma Piña Hernández aceptó acompañar la propuesta del Presidente de México para apoyar a los damnificados en Acapulco, pero hasta ahora no existe tal
De manera rápida e inusual, pues no se atendieron a todas las partes en juicio, el juez decimosegundo de Distrito en el estado de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, otorgó la suspensión definitiva del decreto de 27 de octubre de 2023 con efectos para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Con lo que se impide de manera indefinida que la Tesorería de la Federación pueda disponer de los recursos de sus fideicomisos extintos para la reconstrucción de Acapulco, disposición que ordenó la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024 el pasado 9 de noviembre.
En tanto, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, también otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo.
Se aclara que la suspensión sólo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio.
Cabe recordar que el pasado 31 de octubre, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, públicamente señaló que “la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población.
Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.
Ahora, la SCJN debe atraer y resolver de forma prioritaria los asuntos de referencia, toda vez que existen características excepcionales y trascendentes al verse involucrados intereses económicos de jueces, magistrados y demás personal del PJF, lo cual se contrapone con el interés público de la sociedad para utilizar los recursos públicos en la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.
Se tiene confianza en que algunos ministros harán honor a su cargo y actuarán con imparcialidad.
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IO
