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Hay nueve Entidades en que el mecanismo más utilizado para contratar no fue la adjudicación directa ni la licitación pública, sino la invitación restringida”, expone. “Se trata de Guerrero (100 por ciento), Tlaxcala (91.4 por ciento), Tamaulipas (83.5 por ciento), Jalisco (60.8 por ciento), Baja California Sur (57.6 por ciento), Sinaloa (52.4 por ciento), Coahuila (45.2 por ciento), Nayarit (39.3 por ciento) y Campeche (37.2 por ciento)”, precisa.
Las entidades con más contratos dados por adjudicación directa fueron Colima (92.8 por ciento), Oaxaca (70.5 por ciento) y Michoacán (64.6 por ciento)”, detalla la investigación.
En la investigación realizada en Por Esto!, arrojó que los gobiernos de Quintana Roo y Campeche privilegiaron la contratación de proveedores mediante el procedimiento de adjudicación directa en el 2021. Lo anterior, de acuerdo con la investigación “Adjudicaciones directas. Estos son los estados que más adjudicaciones directas entregaron durante 2021”, publicado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
En tanto, el 13.1 por ciento de los contratos signados por el Gobierno de Quintana Roo se hicieron mediante invitación restringida a tres proveedores; y el 45.8 por ciento fue mediante licitación pública. Pese a que el porcentaje de contratos designados por licitación pública es ligeramente mayor, en comparación con los de adjudicación directa, la Ley de Adquisiciones Estatal precisa que la adjudicación directa “sólo debe usarse en casos extraordinarios”
En tanto, el Gobierno de Campeche también privilegió la concesión de contratos mediante el procedimiento de adjudicación directa el año pasado. En el 2021, durante las administraciones salientes del exgobernador, Carlos Aysa González, y la Mandataria Estatal, Layda Sansores, el 31.1 por ciento de los contratos se otorgaron mediante adjudicación directa. Un porcentaje similar también se realizó mediante el procedimiento de licitación pública, es decir, el 31.7 por ciento.
Sin embargo, el procedimiento más usado para la contratación de los proveedores fue por invitación restringida a tres distribuidores, que alcanzó el 37.2 por ciento. “La preeminencia de las licitaciones públicas en algunas entidades no es una garantía de ausencia de corrupción, pero sí demuestra al menos un comportamiento diferenciado con respecto al de la mayoría de las entidades y al Gobierno Federal en su conjunto”, se advierte en el informe.
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CC
