Reducen protección a saxofonista María Elena Ríos; solo la acompañaran en Oaxaca

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, atacada con ácido en la ciudad de Oaxaca en 2019, alerta que la Secretaría de Gobernación pretende reducirle las medidas de protección correspondientes al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. “Estoy desesperada”, asegura ante la falta de respuesta de las autoridades responsables que quieren solo protegerla en Oaxaca.

La artista fue sujeta a este proceso de resguardo federal desde julio de 2021. Esto ante el alto riesgo que presentaba pues cuatro de los cinco agresores que la atacaron para intentar asesinarla están presos sin sentencia y el restante, está libre.

“Yo tenía una escolta mis servicios que me acompañaba a Ciudad de México a mis tratamientos, a las gestiones y asesoría legal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y no había tenido problemas”, dice.

Durante la mañana del martes recibe la noticia de que se pretende quitar el apoyo de resguardo federal por considerar que ella no es defensora de derechos, “que solo se defiende a ella misma”.

“La Junta de Gobierno considera ahora que yo no tengo peligro; a mí no se me informa nada y me aseguraron que la protección seguiría seis meses más. La sorpresa fue que hoy recibo un correo (del Mecanismo) y me informan que solo tengo peligro en mi comunidad y que no tengo riesgo en todo el resto del país”, explica la saxofonista.

Ríos, que comenzó un proceso de gestión legal ante la CNDH por la falta de resultados de la Fiscalía de Oaxaca, dice que en las oficinas de la CEAV respondieron una sola ocasión y “dijeron que si no estaba de acuerdo que me ampare”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le recomendó “un proceso legal muy tardado. Además de que el señor Alejandro Encinas (Subsecretario de Derechos humanos, población y migración) no contesta ni mis mensajes ni mis llamadas” para recibir una explicación.

Durante el 8 de marzo pasado, Diario Por Esto! publicó una entrevista con María Elena Ríos donde mencionaba que en ese entonces Encinas “comprendió el riesgo (e ingresó a la defensora de Derechos Humanos al Mecanismo de Protección). Pero la seguridad es solo para mí, los agentes solo me cuidan a mí, pero no a mi familia. Durante varios meses tuvimos protección de la Fiscalía estatal, pero siempre que íbamos a dar un paso, la familia de mi agresor sabía qué íbamos a hacer (…) así de grande era la influencia de ellos”.

Dentro del caso de María Elena se anexa la resolución de la Comisión Nacional 28/2022, antes mencionada, emitida a finales de febrero de este año donde solicitaban un disculpa pública hacía la saxofonista y declinaran en la investigación y la entregasen a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tengo miedo. Han pasado casi dos años y medio y mi proceso no llega ni a la mitad. La CNDH emitió una recomendación porque conoce y tiene el respaldo que el gobernador del estado, Alejandro Murat, y el Fiscal General estatal, Arturo Peimbert Calvo, aparte de generar violencia institucional han obstaculizado el acceso a la justicia”, agrega ahora en entrevista telefónica.

La artista comenzó una campaña en redes sociales donde hace un llamado al subsecretario Alejandro Encinas, a Enrique Irazoque Palazuelos (titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos), así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que reconsideren la decisión.

“Yo no tengo dinero como para contratar protección privada y lo que recibo es para hacer gestiones legales en Ciudad de México, me voy a quedar sin recursos”, lamenta.

El 9 de septiembre de 2019 María Elena Ríos fue atacada con ácido mientras iba acompañada de su madre, ambas resultaron con lesiones, pero la músico se llevó la peor parte del atentado. Se trató de una venganza proveniente del ex legislador priista Juan “N”, así como su hijo Juan Antonio Vera Hernández, y tres personas más que se encargaron de atacar la joven.

Cuatro personas están detenidas desde el 2020 sin juicio y castigo aparente. Mientas que uno más, aún libre. Al cierre de la edición ningún funcionario de la Secretaría de Gobernación ha respondido.

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jram