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miembros de la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano llevaron a un notario público para dar fe a las irregularidades en Bahía Solimán

Esta mañana, miembros de la Asociación Civil “Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano” se presentaron acompañados de un notario público en el predio ubicado en la fracción 1, lote 07, Tankah IV, de Bahía Solimán, para que este último diera fe de los acontecimientos para proceder a presentar una denuncia penal.

Como se recordará, la semana pasada denunciaron en redes sociales que continúan los trabajos de construcción de un edificio de siete niveles de altura y 24 departamentos, para el cual no cuentan con permisos federales, estatales ni municipales.

Este conflicto se originó en noviembre de 2023, según lo informado por los miembros de esta organización civil, cuando detectaron los trabajos en este predio costero, que además alberga una zona de mangle y es un área de anidación de tortugas marinas de gran importancia para el municipio de Tulum.

Al investigar para determinar quién otorgó las autorizaciones, descubrieron que no había ningún permiso concedido. Por lo tanto, solicitaron en su momento la intervención del Ayuntamiento de Tulum y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para detener dichos trabajos.

Ante la inacción de las autoridades mencionadas, promovieron un amparo ante los Juzgados federales para obligar a estas dependencias a cumplir con su deber. A principios de marzo, la Profepa colocó sellos de clausura e inició un procedimiento, y a finales del mismo mes; la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tulum también suspendió las obras.

Sin embargo, al observar que se violaron y retiraron los sellos para continuar con los trabajos, los activistas informaron a las autoridades, quienes hasta la fecha no han intervenido. Por este motivo, decidieron contar con la presencia de un fedatario para proceder por la vía penal.

Además, se prevé que puedan acudir nuevamente a los Juzgados para que se tomen medidas contra las autoridades, por su omisión en el cumplimiento de sus responsabilidades.

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AT