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El Regidor Toledo denunció a la XVII Legislatura por no obligar a Aguakan a cumplir con la concesión y presentar informes en Playa del Carmen

A pesar de los repetidos llamados del Cabildo de Solidaridad para que la empresa Aguakan informe sobre las supuestas obras e inversiones que realiza en todo el municipio, hasta la fecha no ha proporcionado ninguna información al respecto, informó el décimo tercer Regidor, Marciano Toledo Sánchez.

Además de esto, acusa a los miembros de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo por no obligar a la empresa a cumplir con las condiciones de la concesión, independientemente del juicio que se ha iniciado para revocar el Decreto 250, mediante el cual la XIV Legislatura amplió dicha concesión.

En este sentido, señaló que es necesario continuar presionando a la empresa para que cumpla con lo establecido en la concesión y así evitar que la ciudadanía se vea afectada.

Es importante recordar que la empresa ha sido constantemente criticada, no sólo por las autoridades, sino también por la población en general debido a los problemas que enfrenta por la falta de suministro de agua de manera constante y suficiente para llenar los tanques; pese a que en el pasado se le exigió habilitar nuevos pozos, los problemas persisten.

Por ello, algunos miembros del Cabildo han solicitado estos informes, ya que la empresa está obligada por la concesión. El Regidor comentó al respecto que Aguakan obtiene ganancias de más de 3 mil millones de pesos al año, pero nunca ha justificado inversiones para mejorar el servicio, como lo demuestran las quejas de varios residentes por aguas negras que brotan en varios puntos durante las lluvias.

También recordó las numerosas quejas recibidas de ciudadanos sobre obras mal ejecutadas al abrir vialidades, así como las protestas por los cambios de medidores sin el consentimiento de los residentes; además de las denuncias por la contaminación de cenotes, e incluso por no contar con los permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En cuanto a los miembros de la XVII Legislatura, señaló que también tienen la responsabilidad de garantizar que la empresa cumpla con las condiciones de la concesión, ya que el proceso iniciado en el Tribunal tras el amparo promovido por la empresa no es suficiente para asegurar que se cumplan estas condiciones.

Es relevante mencionar que Aguakan obtuvo un amparo en enero que le concedió un Juez federal, manteniendo así la concesión, aunque hay un proceso pendiente por posible fraude procesal, ya que los representantes de la empresa mintieron para obtener esa suspensión.

Finalmente, destacó que los Diputados también deben supervisar el tema de las tarifas, ya que son ellos quienes las autorizan y deben garantizar su cumplimiento, especialmente en lo que respecta a los subsidios para algunos sectores de la población, que posiblemente la empresa Aguakan no esté cumpliendo.

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AT

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