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Escrito por Ovidio López
Hoy se celebran los 173 años de lafundación de Isla Mujeres, en medio de graves problemas de servicios públicos, infraestructura turística, vialidades, transporte, contaminación ambiental, violencia intrafamiliar e investigaciones por peculado.
En los últimos 10 años se desviaron 250 millones de pesos, que equivalen a un tercio del ingreso previsto para este 2023, según la denuncia puesta ante la Fiscalía Anticorrupción.
Aunque para este año se tiene previsto recaudar 632 millones 227 mil 597 pesos, según la Ley de Ingresos, ningún peso se destinará para fortalecer los poco más de 200 metros de malecón del Centro Histórico y la Salina Chica; así como reforzar los acantilados del malecón Oriente, que se caen a pedazos y podrían derrumbar buena parte de la vía perimetral, como ocurrió durante el paso del Huracán Gilberto, en septiembre de 1988.
El servicio eléctrico es deficiente, a pesar de que ya se instaló el nuevo cableado submarino de siete kilometro desde Punta Sam a Playa Norte, en el que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) invirtió casi 200 millones de pesos.
Además, en el verano del 2019, la exparaestatal envió una planta generadora, para atender emergencias; sin embargo, se trata de un equipo viejo que no garantiza el abasto, pues en pleno verano del 2022 se dañó y no había piezas para repararla.
Por su parte, la empresa concesionaria de agua potable, Aguakan, parece gozar de privilegios, pues ni las autoridades municipales ni las estatales la sancionan o han revertido su contrato, a pesar de los constantes cortes de servicio y la suspensión arbitraria de una inversión de 35 millones de pesos, anunciada para el 2022. Al respecto, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) guardó silencio.
La Comuna, sin embargo, interpuso un recurso legal como parte del proceso de reversión del título, ante el resultado de consulta ciudadana de junio de 2022, donde la gente pidió que se eche atrás el título de concesión de Aguakan por altos cobros y mal servicios.
El pasado abril la violencia intrafamiliar rompió récord en el municipio; se denunciaron 8 casos, la cifra más alta desde que inició el conteo, en el 2019, según el Semáforo Delictivo.
En los cinco primeros meses del año subió 9.09 por ciento en comparación con el 2022. Aunque en junio bajó considerablemente, todavía hay posibilidades de igualar los 50 casos del año anterior.
Las tres lagunas Salinas, así como la Makax y Chacmuchuch registran serios problemas de polución por la filtración de aguas residuales.
Aunque que por tercer año consecutivo se aplicó el cobro por derecho de saneamiento ambiental a los visitantes, el recurso recaudado, (que alcanzaría los 101.5 millones de pesos este año) no se aplica para tales propósitos.
Aunado a esto, no se aplica la Ley de plásticos de un solo uso en el municipio, y empresas como Coca-Cola y cerveceras continúan generando residuos que terminan en el mar o cuerpos de agua, como lo demuestran las limpiezas voluntarias.
También es letra muerta la Ley de Protección y Bienestar animal, pues hay cientos de mascotas en la vía pública y algunas en pésimas condiciones. Las heces de perros y gatos van a parar a las lagunas y al océano, y el Cabildo se mantiene en silencio a pesar del reclamo de rescatistas y activistas.
Además, se han reportado al menos media docena de ataques a turistas en los últimos dos años, según la denuncia de empresarios, como el encargado del Hotel Izla, en Sac-Bajo.
La movilidad también es un problema, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, donde cada día se alquilan hasta 800 vehículos de golf y no hay suficiente espacio para estacionarse.
En esta área también son objeto de críticas los edificios abandonados, como el Centro de Convenciones y el antiguo hospital, que se ha convertido en nido de malvivientes. Aunque los pobladores y la iniciativa privada han realizado varias propuestas para su rescate, como convertirla en una casa para médicos del Hospital Comunitario, las autoridades no han actuado.
Finalmente, los isleños también reclaman la reapertura de varias bocacalles privatizadas en los últimos años, y piden que se adecue el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) para garantizar el libre tránsito en los accesos al mar.
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AA
