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Las autoridades de los tres niveles gubernamentales llevaron a cabo una operación de cateo en al menos tres establecimientos de citas ubicados en la calle 22 de la Supermanzana 66, conocida como la 'zona de tolerancia' de Cancún.
Durante la acción, se acordonaron al menos tres cuadras a la redonda, pero se optó por no notificar a las autoridades policiales municipales debido a la posible conexión de estos prostíbulos con actividades delictivas.
La diligencia se inició alrededor de las 12:30 horas con la llegada de fuerzas castrenses, policías estatales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes ingresaron a tres domicilios que operaban como casas de citas.
Los equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) en su división de investigación, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) entraron simultáneamente en al menos tres lugares.
La acción tenía como objetivo la búsqueda de drogas y, principalmente, la detección de indicios de trata de personas con fines de explotación sexual. Como resultado, al menos cinco mujeres fueron aseguradas como víctimas para prestar su declaración.
La operación se extendió por aproximadamente una hora, durante la cual los agentes llevaron a cabo registros exhaustivos en busca de pruebas de actividades delictivas. Sin embargo, no se proporcionaron detalles específicos sobre los motivos de su presencia en estos lugares.
Fuentes de la policía de investigación señalaron que existen indicios de trata de personas en estos establecimientos, además de la posible venta de drogas al menudeo por parte de algunas de las mujeres que se prostituían en el lugar.
Estos indicios condujeron a la emisión de una orden de cateo por parte de un juez de control. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre los elementos incautados en estos inmuebles, donde la prostitución opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Se cree que se está siguiendo la pista de una mujer encargada de reclutar y explotar sexualmente a mujeres provenientes del sur del país. Estas mujeres son presuntamente forzadas a prostituirse con la ayuda de grupos criminales que operan en la zona.
Además, se adelantó que la investigación involucra a nombres y claves de coordinadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes supuestamente recaudan 'derecho de piso' en estas casas para proporcionar protección a los grupos delictivos y alertar sobre movimientos de las autoridades federales y estatales.
Debido a esta posible conexión, se optó por no incluirlos en la para garantizar la seguridad perimetral. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido una declaración oficial sobre las diligencias ni ha proporcionado detalles sobre lo asegurado durante la operación.
Sin embargo, las autoridades investigadoras han tomado posesión de los inmuebles como parte de la investigación en curso.
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AA
