ASF detecta 'boquete' en el gobierno de Carlos Joaquín por más de 79 mdp
El Gobierno de Quintana Roo no logró acreditar un gasto millonario que se realizó durante la crisis sanitaria por el COVID-19 en el Estado, indicó la Auditoría Superior de la Federación
La administración del Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González realizó un probable “boquete” a las finanzas federales por más de 79 millones de pesos.
En la tercera entrega de revisión de la cuenta pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que los Servicios Estatales de Salud no lograron aclarar el gasto de 79 millones 692 mil 400 pesos ejercidos durante la atención a la pandemia por COVID-19.
La dependencia pública a cargo de Alejandra Aguirre Crespo, afectó al rubro de saneamiento financiero.
De acuerdo con la ASF, SESA no entregaron información documental que acredite la aplicación de ingresos excedentes, por lo que se desconoce el destino de dicho recurso federal.
“Debido a que no proporcionó el destino y aplicación de los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición por un importe de 79 millones 692 mil 300 pesos”, señala el órgano fiscalizador en el informe.
También expone que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del organismo Servicios Estatales de Salud para el Ejercicio Fiscal 2020 no se elaboró conforme con lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las normas que emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable.
“El organismo Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, evidencia.
“Se registró el incumplimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual no se encuentra alineado a las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y no aplicó las variables para la determinación del capítulo 1000, servicios personales, enunciadas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, expuso.
Por esta anomalía, la ASF determinó la promoción de tres sanciones administrativas y tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Exedil de OPB se fue sin dejar cuentas claras
Otoniel Segovia Martínez dejó el año pasado la Presidencia Municipal de Othón P. Blanco sin aclarar el gasto de más de un millón de pesos provenientes del Gobierno federal.
El ente fiscalizador de la Cámara de Diputados determinó que el Municipio tiene pendiente aclarar la erogación de un millón 32 mil 100 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal correspondientes al ejercicio fiscal de 2020.
La observación realizada por el ente fiscalizador es que la demarcación pagó una obra que no fue concluida.
“Ya que se observó el pago de una obra que fue suspendida por lo que no se encuentra concluida y en consecuencia no opera ni brinda los beneficios programados a la población objetivo del fondo, lo que generó un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de un millón 32 mil 100 pesos, que representa el 0.8 por ciento de la muestra auditada”, detalla el informe.
El Ayuntamiento de Chetumal incurrió en inobservancias a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Quintana Roo.
La ASF también señaló que los mecanismos de control del ejercicio del gasto muestran debilidad en su diseño e implementación, lo que se corrobora en los resultados de la auditoría.
Lo anterior, alerta el ente fiscalizador, pone en riesgo que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal no se ejerzan en apego al marco jurídico aplicable.
“De igual forma, se registraron incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, señala el informe.
“Ya que aun cuando el Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, entregó con oportunidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le fueron transferidos y los difundió entre sus habitantes, la información reportada no es congruente con la información enviada a la Secretaría de Bienestar”, se expone.
Por esta observación, se determinó una recomendación, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.
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CG
