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Andrea Giuseppe Sabbia indicó irregularidades en un despojo “ilegal” de su Hotel La Tortuga; denunció a Óscar Montes de Oca y a Rosaura Villanueva Arzápalo

Andrea Giuseppe Sabbia, excónsul honorario de Italia en Playa del Carmen, denunció a Óscar Montes de Oca, y a Rosaura Villanueva Arzápalo, titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Anticorrupción, respectivamente, por un probable caso de corrupción.

Lo anterior tras una cadena de abusos y tráfico de influencias que llevaron a lo que calificó de “un verdadero y continuado despojo de Estado, actuado con la complicidad, cuando menos de la Fiscalía Especializada por el Combate a la Corrupción”.

Al respecto, expuso que el 4 de julio del año 2019 le inventaron a su esposa, Francesca Antinori y a él, un delito penal inexistente, de fraude procesal, mediante el cual, la Fiscalía Patrimonial aseguró, por investigación y con lujo de violencia, el 18 diciembre del 2019, su domicilio particular y el Hotel La Tortuga, ubicado en el Centro de Playa del Carmen.

“Hotel que yo y mi esposa compramos a plazos en el año 2018, adquiriendo las acciones de la compañía propietaria Tupai, S.A. de C.V. y de la empresa operadora Nanomia, S.A. de C.V. Para llegar a ese aseguramiento celebraron varias audiencias, siempre ante el mismo Juez de Control, siempre sin citarnos y sin nuestra presencia, como consta de los videos de las audiencias”, señaló.

Con este aseguramiento que a la fecha se mantiene, dijo que perdieron el trabajo 45 personas de hotel y restaurante. “Nos presentamos de inmediato, a unos días del aseguramiento, certificando que no había delito; que si lo hubiera sido civil y no penal, y en ambos casos sería ampliamente prescrito, civil y penalmente.

Sostiene que un Juez de Control avaló plenamente la devolución, en audiencia solicitada por los denunciantes, reconfirmando plenamente la transparencia de la tardía devolución.

Sin embargo, agregó, a los seis meses de recuperar su propiedad, el 7 de junio del 2021, el hotel fue asegurado nuevamente, ahora por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por medio de las carpetas investigativas FGE/QR/FECC/PLC/005/01/2021, y FGE/QR/FECC/PLC/0020/01/2021.

“Siempre a punta de pistola, como si tuvieran que detener a un muy peligroso criminal. Fui detenido dentro de mi casa, sin alguna orden. Nunca me permitieron sacar mi ropa, documentos y efectos personales. Desconozco qué haya pasado con el dinero y valores en mi casa resguardados; hechos inmediatamente denunciados ante el Ministerio Público con el número de carpeta 3475/2021, y ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos por Personas Servidoras Públicas de la institución, con el número de carpeta 755/2022”.

El excónsul citó el artículo 243 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, que dice: “Efectos del aseguramiento en actividades lícitas. El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades lícitas”.

Sostuvo que “es ilógico que un aseguramiento por investigación perdure más que 17 meses. Es evidentemente una simulación y se está utilizando una excusa para llevar a cabo un despojo de estado”.

Por lo anterior, dejó abierta la sospecha de un posible caso de corrupción y uso indebido de función es por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

“Cuánto tiempo se necesitaría para llevar a cabo actos reales de investigación sobre un inmueble”, cuestionó, “a los abogados que están atendiendo el caso no se les permite el acceso a las carpetas investigativas de parte de Fiscalía Especializada por el Combate a la Corrupción que llegó al absurdo de declarar por escrito, en un acuerdo Ministerial, que ‘no tienen claro que tenga que ver’ la persona moral operadora Nanomia, S.A. de C.V., a la cual aseguraron el hotel. Y sucesivamente a declarar, en otro acuerdo Ministerial, que ‘dicha empresa no tiene carácter de víctima o de investigado, ni de otra naturaleza dentro de estas investigaciones’”.

Por todo esto, Andrea Sabbia pide esclarecer ese asunto y vigilar que por fin se aplique la ley, restableciendo la legalidad y el estado de derecho.

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NR