Delincuentes usan casas abandonadas como refugios en Cancún

En el estado existen más de 14 mil casas abandonadas; los delincuentes aprovechan que la vivienda esté en esas condiciones para cometer ilícitos
sábado, 17 de abril de 2021 · 09:37

El mayor costo que genera la existencia de más de 14 mil viviendas abandonadas en Quintana Roo por la falta de servicios es el social, advirtió James Tobin Cunningham, de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). 

Indicó que las casas vacías generalmente son ocupadas por la delincuencia, se convierten en refugio de malvivientes o tiraderos de basura generando en un peligro y foco de infección.

Precisó que, de acuerdo con los números del AMPI, en el estado son más de 17 mil viviendas en esta situación, es decir, más de 3 mil de las 14 mil 258 que señala la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Hasta donde se tenía registro eran más de 17 mil, sin embargo, es un padrón muy difícil de estimar, lo que nos podría dar cifras más cercanas es el Inventario Nacional de Vivienda del Inegi”, puntualizó.

En Quintana Roo, dijo, para desarrollar se requiere, necesariamente, que se incluyan los servicios, sin embargo, hay desarrollos sin servicios, pero que tampoco estaban incluidos dentro del Plan de Desarrollo Urbano (PDU).

“En algunos casos, como In House, el desarrollador abiertamente cometió una falta cuando no dotó de servicios como agua, luz, alumbrado y drenaje, lo que hace que la gente no se quede”, resaltó.

Pero también hay otros tipos de servicios que no están dotando, señaló, como transporte, escuelas, telefonía y hospitales, en casos muy específicos de fraccionamientos en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal.

“Ni al municipio ni al Estado le representa nada estos sitios, porque no tienen que velar por ellos, pero de lo que sí tienen que velar, es que se generan aros de inseguridad, pobreza, insalubridad y es aquí donde se encarece para ellos”, dijo.

“Las casas abandonadas en Cancún, más que un problema económico visible y cuantificable, generan un costo social que a la larga, sí le representan un gasto al Gobierno porque tiene que aumentar seguridad, limpieza, entre otros”, dijo.

“Si le sumamos que no están pagando predial, pues se convierte en un doble costo, que si multiplicamos 17 mil por un promedio de 500 pesos del impuesto, son unos 8 millones 500 mil pesos que están dejando de ingresar”, resaltó.

Aunque no hay un registro oficial, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) reconoce que en el Estado hay alrededor de 2 mil 359 viviendas abandonadas, de las que 76.4 por ciento están en Benito Juárez.

El también coordinador nacional de consejeros del AMPI en la Entidad, dijo que el abandono de viviendas no es privativo de las casas de interés social, ya que también se presenta en propiedades de mediano y alto valor.

Es un problema que abona a la descomposición social, como señalan los bancos y recuperadoras, ya que, de alrededor de 800 viviendas abandonadas de las que tienen registro en Cancún, 70 por ciento, calculan, son invadidas.

Blanco de ilícitos

Cuando alguien abandona su inmueble, la mayoría de las ocasiones pasa a manos de algún banco o recuperadora, los cuales no les dan mantenimiento y la propiedad se deteriora y se vuelve blanco de ilícitos.

“Generalmente las vandalizan, ya que hay un mercado negro de cobre, material eléctrico, tubería, entre otros; otras ocasiones son invadidas para habitarlas y en el peor de los casos, las usan como picaderos o refugio de delincuentes”, señaló.

Los bancos difícilmente interpondrán una denuncia y darán seguimiento a un juicio, ya que le representa un mayor gasto tenerlas en cartera vencida, la cual se debe respaldar con fondos propios ante el Banco de México, dijo.

El experto considera que las casas abandonadas por cartera vencida se convierten en un problema social y por eso es importante que se legisle para que a los titulares de inmuebles se les obligue a darles mantenimiento.

Todo esto, dijo, no se podría dar sin la colusión, complacencia u omisión de autoridades y la laxitud de las leyes, que genera que los propietarios o desarrolladores no se hagan cargo de, por lo menos, sellar los inmuebles.