Denuncian intromisión del Gobierno de Quintana Roo en la iniciativa del aborto
Las feministas se retiran de la mesa de diálogo luego de que anoche diputados ajenos a las comisiones 'reventaran' la sesión sobre el aborto.
La Red Feminista Quintanarroense se levantó de la mesa de diálogo de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, tras acusar la intromisión del Gobierno del Estado, a través del diputado Eduardo Martínez Arcila, de entorpecer y dilatar el proceso de análisis y elaboración del Dictamen en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Con esto terminan los acuerdos suscritos el pasado 10 de febrero entre la Red Feminista y la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso, los cuales establecían el 24 de febrero de 2021 como la fecha en que se tendría un Dictamen en materia del aborto, independientemente si este se aprobaba o rechazaba en el Pleno de la XVI Legislatura.
Las mujeres que integran los colectivos feministas pidieron una nueva reunión con las diputadas y diputados para definir un nuevo acuerdo, en tanto eso no ocurra permanecerán en el Congreso de Quintana Roo y harán nuevamente la toma pacífica de sus instalaciones.
Acusaron la intromisión del gobierno estatal, a través del diputado del PAN, Eduardo Martínez Arcila, quien a pesar de no ser parte de las comisiones dictaminadoras “saboteó” la reunión del pasado 24 de febrero, donde esperaba aprobarse un Dictamen en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Señalaron también a las diputadas Kira Iris San y Aurora Concepción Pool Cahuich, ambas del PAN, de operar a favor de Martínez Arcila para frenar la votación; así como de la diputada sin partido Reyna Durán Ovando y el diputado priista Carlos Hernández Blanco, quienes les hicieron comparsa, negándose a votar y reventando la reunión de Comisiones al abandonar el Palacio Legislativo.
Explicaron que Arcila quiere meter de manera forzada una reforma constitucional, la cual es innecesaria para legislar en el tema del aborto, pero eso implicaría seguir dilatando el debate y “empantanarlo” por mucho más tiempo, ya que modificaciones de esta índole implicarían que tengan que aprobarse por dos terceras partes de la Legislatura y una mayoría de los once Ayuntamientos del Estado.
CG
