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La Consejería Jurídica del poder ejecutivo, la encargada de atender los asuntos legales del gobierno de Quintana Roo, prolongó hasta el 15 de febrero, la suspensión de labores presenciales, tiempo en el que se suspenderán los términos y plazos legales dentro de todo procedimiento administrativo.
En la medida, no ingresan las dependencias de Quintana Roo que son catalogadas como esenciales, aquellas de recaudación, las juntas locales, especiales y tribunales de conciliación y arbitraje, así como la Procuraduría de Defensa del Trabajo.
El pasado sábado, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco informó que suspendía las actividades presenciales, exceptuando aquellas que son catalogadas como esenciales y conforman la operatividad de la comuna, como servicios públicos.
En la actualización más reciente del Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico, el gobernador Carlos Joaquín reconoció un incremento en el número de casos de COVID-19 y el riesgo de regresar a la Fase Naranja, si la ocupación hospitalaria aumenta 30 por ciento.
CT
