¿Quién dio la orden?

Eso: ¿quién dio la orden? Dicen las pancartas que, por las esquinas, en pasacalles y en manifestaciones de víctimas, preguntan sobre los responsables últimos de las 6 mil 402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales -conocidas como falsos positivos- que entre el 2002 y el 2010, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, segaron la vida de inocentes para inflar los resultados de su política contrainsurgente, haciéndolos parecer integrantes de la guerrilla abatidos por el Ejército.

Esos hechos venían siendo denunciados desde años antes por organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, pero sólo con la creación de la Justicia Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad en el Acuerdo de Paz con las FARC, gracias a las confesiones a cambio de libertad que ofrece la justicia restaurativa se ha llegado a la certeza judicial de muchos casos. Y la Comisión, por su parte, en entrevistas a víctimas y victimarios, al no tener la camisa de fuerza que imponen los procesos judiciales, ha permitido llegar hasta lo más profundo de las miserias y horrores que este conflicto armado nos ha dejado.

Numerosos actores del conflicto -guerrilla, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública han declarado su participación en los hechos. Gracias a eso, ya militares de alto rango, entre ellos un general, han sido condenados. Pero también ha quedado al desnudo una ausencia notable: la identificación y responsabilidad de los llamados terceros (civiles que financiaron la guerra y se lucraron de ella). Así que, mientras más se conoce más se exige llegar hasta el fondo de la verdad.

Por eso vemos en muchos actos públicos pancartas exigiendo esa respuesta: ¿Quién dio la orden? Porque seguimos sin conocer quiénes desde las más altas esferas del poder político ordenaron estos horrores.

Como cuando se conocieron las primeras ejecuciones extrajudiciales (muchachos muy pobres de Bogotá, a quienes con ofertas falsas de trabajo llevaron hasta el otro extremo del país, donde los asesinaron y luego presentaron como guerrilleros caídos en combate), Álvaro Uribe, entonces presidente de la República, las justificó diciendo que esos muchachos algo estarían haciendo por allá; que seguro no estaban recogiendo café; ahora, cada vez que se conoce dónde va a estar el expresidente, lo esperan grupos gritándole: “Uribe, paraco (paramilitar) el pueblo está berraco (enfurecido)” y, desde cuando la Comisión de la Verdad dio a conocer el número de falsos positivos, muestran la pancarta con la cifra de 6 mil 402 y la ya citada pregunta.

Esta semana que termina, en un incidente de esos, el expresidente, furioso, se les enfrentó a los manifestantes gritándoles: “Yo di la orden”. Segundos después, pasada la rabia inicial, matizó la respuesta suponiendo que le restaría gravedad, diciendo que la orden se refería al asalto por el Ejército de la Comuna 13 de Medellín en octubre del 2002. Ése fue un macabro paseo de muerte por ese barrio humilde, donde el Ejército aseguraba que se refugiaban milicianos de la guerrilla. Hay registro fílmico de encapuchados (luego se supo que eran exguerrilleros vinculados con los paramilitares) que acompañaban al Ejército e iban señalando las casas donde supuestamente vivían milicianos, a donde luego entraban los uniformados matando a quienes vivieran ahí.

El saldo fue de 80 civiles heridos, 17 asesinados por la fuerza pública, 71 asesinados por paramilitares, 92 desaparecidos, 370 detenciones arbitrarias. En esa acción participaron la Fiscalía General de la Nación y el ya liquidado Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), al que se le comprobarían tantos crímenes; entre otros, el asesinato de Carlos Pizarro, excomandante del M19, en ese momento candidato a la Presidencia de la República. Años después, el jefe paramilitar don Berna confesaría que esa fue una operación conjunta suya con el Ejército.

Pero no basta con que Uribe diga que él dio la orden, la pregunta es más amplia. ¿quiénes, entre las autoridades civiles, terratenientes, empresarios y toda la gama del notablato en todas las escalas contribuyeron de alguna manera a la realización de ese baño de sangre encubierto como acciones legales del Ejército? ¿Qué alcaldes y gobernadores encubrieron o participaron activamente en esas acciones?

Cada día conocemos, gracias a la JEP, el contubernio -tantas veces negado- de muchas de esas autoridades con las masacres de las cuales todavía muchos de los pueblos víctimas de ellas no se reponen. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso dijo, en sus días de gloria que el 35 por ciento del Congreso era de ellos.

El grupo empresarial Argos, uno de los más poderosos del país, ha recibido 22 sentencias condenatorias por haberse benefi ciado del despojo de los campesinos que se vieron obligados a vender sus tierras por centavos cuando tuvieron que huir luego de las masacres, de las que fueron víctimas sus padres, hijos y hermanos. El grupo no pudo demostrar su buena fe exenta de culpa en esas compras: las matanzas que ocasionaron el desplazamiento forzado fueron ampliamente difundidas en la prensa nacional.

La justicia los ha obligado a devolver algunas de esas tierras. Y hay información sobre solicitudes de ese grupo a personajes de la izquierda, según han contado estos, para que los apoyaran en sus intentos de restitución. Pero las sentencias son muy claras en la existencia de los hechos. Como tantas veces se ha dicho, primero aparecían matando los paramilitares y detrás llegaban los compradores de las tierras que las víctimas habían tenido que abandonar. Los de Argos no fueron los únicos. Así que, como rezan las pancartas ¿Quién dio la orden?